Un juez federal desestimó el viernes una propuesta de medida cautelar presentada por grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes, manteniendo la aplicación del CBP One como principal herramienta para los solicitantes de asilo en la frontera.
Este resultado refleja el esfuerzo de la administración Biden por armonizar una política de puertas abiertas con procedimientos sistemáticos de inmigración.
Desde su inauguración en enero, la aplicación CBP One ha registrado más de 263.000 citas, con una importante base de usuarios formada por ciudadanos haitianos, mexicanos y venezolanos.
Solo en agosto, facilitó la tramitación de 45.400 personas en la frontera. Sin embargo, la aplicación ha sido objeto de críticas. Los defensores de inmigrantes la calificaron como “excesivamente restrictiva”.
Los representantes legales de Al Otro Lado y la Haitian Bridge Alliance alegaron, en un documento, que la aplicación CBP One es ahora “el canal exclusivo para acceder al proceso de asilo estadounidense en un puerto de entrada de la frontera sur”.
Argumentaron que denegar la entrada a los solicitantes de asilo sin cita previa contradice la política de la agencia y deja a estas personas “expuestas al peligro en las ciudades fronterizas mexicanas, susceptibles de secuestro, asalto, violación y asesinato.”
La CBP One se mantiene en la frontera
El Departamento de Justicia afirma que no existe la práctica de denegar la entrada a los solicitantes de asilo.
Los abogados del gobierno expusieron que, si bien se da prioridad a los titulares de citas, los agentes no están autorizados a “denegar la entrada” a quienes no las tienen.
El juez de distrito Andrew Schopler, nombrado por Biden, consideró que su jurisdicción estaba limitada por los precedentes del Tribunal Supremo, que restringen su control sobre la política de inmigración.
Tras el veredicto, Melissa Crow, abogada del Center for Gender & Refugee Studies, expresó su decepción y sugirió una posible apelación.
Katherine Shinners, del Departamento de Justicia, respaldó la decisión del juez, calificando el caso de “esencialmente sencillo”.
Las criticas a las políticas migratorias de Biden
La sentencia del juez se produce en medio de objeciones legales a la estrategia del gobierno de Joe Biden para gestionar la afluencia de inmigrantes procedentes de más de 100 países en los cruces fronterizos de Estados Unidos.
El gobierno ha impugnado la decisión de suspender una nueva norma que complica las solicitudes de asilo a quienes entran de manera irregular a Estados Unidos tras transitar por un país como México.
Otro caso que se está examinando cuestiona una política que concede una estancia de dos años a un máximo de 30.000 personas al mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, siempre que lo soliciten por Internet con un patrocinador financiero y lleguen a un aeropuerto.
Texas, respaldada por 21 estados, alega que esto “constituye la creación de un nuevo programa de visados que permite a cientos de miles de extranjeros entrar en Estados Unidos a pesar de no tener ninguna base legítima para hacerlo”.
