Estados Unidos reanudará las deportaciones directas a Venezuela en un intento por frenar los cruces ilegales a través de la frontera sur, que el mes pasado registraron una cifra récord de 50,000 venezolanos.
La reactivación de esta medida, suspendida desde hace años debido a la tensa relación diplomática con el gobierno socialista venezolano, fue anunciada inicialmente por CBS News citando como fuente a cuatro funcionarios estadounidenses y posteriormente confirmada por el Departamento de Estado en un comunicado.
“De acuerdo con nuestro compromiso de hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y continuar fortaleciendo las consecuencias para quienes cruzan nuestra frontera ilegalmente, Estados Unidos anuncia hoy que reanudará las repatriaciones directas de nacionales venezolanos que crucen nuestra frontera ilegalmente y no establezcan un base legal para permanecer“, indicó la misiva.
El Departamento de Estado señaló que el Ejecutivo venezolano aceptó recibir a ciudadanos de su país que sean deportados desde Estados Unidos, aunque no dieron detalles de cómo se logró que Venezuela aceptará tal medida.
A su vez, los funcionarios estadounidenses señalaron en el comunicado que la decisión llegó después de una “discusión de alto nivel” el miércoles en Ciudad de México entre los gobiernos de EE.UU., México, Colombia y Panamá sobre cómo “encarar la migración irregular” en la región.
“Esta decisión es consistente con los esfuerzos de la Administración para implementar una estrategia de aplicación humana, segura y ordenada de nuestras leyes de inmigración y para procesar a las personas de una manera justa y rápida”, agregaron.
Los funcionarios señalaron que ya tienen identificados “varios individuos” que están bajo su custodia y que serán enviados de vuelta a Venezuela en un primer vuelo de deportación “en los próximos días”.
Esta decisión, explicó una de las fuentes, muestra el compromiso de Washington “con imponer consecuencias a quienes crucen de manera irregular la frontera”.
“Es una consecuencia directa para aquellos individuos que no se acogieron a las vías legales para migrar que hemos expandido”, subrayó uno de los funcionarios.
Aunque Estados Unidos no podía deportar a los venezolanos a país, como parte de un acuerdo con México tenía la capacidad de devolver al otro lado de la frontera a un cierto número de estos ciudadanos al mes. Esta práctica, subrayaron los funcionarios, se mantendrá a la par que los vuelos de deportación.
“El anuncio de hoy deja en claro que estamos comprometidos a hacer cumplir estrictamente las leyes de inmigración y expulsar rápidamente a las personas que no aprovechan estos procesos ordenados y deciden cruzar nuestra frontera ilegalmente”, agregó el Departamento de Estado.
El cambio de política está diseñado para frenar un flujo sin precedentes de de migrantes provenientes de Venezuela, un país afectado por una grave crisis económica, política y social que ha provocado el desplazamiento de más de 7 millones de personas en los últimos años, una cifra que ahora eclipsa el número de refugiados desplazados desde el exterior de Siria y Ucrania devastadas por la guerra.
En septiembre, aproximadamente 50.000 venezolanos cruzaron la frontera sur de Estados Unidos sin autorización, un récord histórico que representó una cuarta parte de todas las detenciones de la Patrulla Fronteriza el mes pasado, según datos federales internos obtenidos por CBS News.
Si bien la reanudación de las deportaciones a Venezuela puede disuadir a algunos venezolanos de viajar a la frontera con Estados Unidos, es probable que provoque objeciones de defensores de los derechos humanos que alegan que la migración es impulsada por la tragedia provocada por el régimen de Nicolás Maduro.
Biden no logró contener la migración de venezolanos
El Gobierno de Biden puso en marcha desde octubre del año pasado un programa de permiso humanitario, conocido como “parole”, que permite a los venezolanos que tengan un patrocinador en Estados Unidos viajar al país.
A su vez, la semana pasada, se extendió para las personas de esta nacionalidad que hayan llegado a EE.UU. antes del 31 de julio un permiso temporal de protección (TPS) que les permite tener un estatus legal.
Sin embargo, la ley estipula que solo se puede solicitar asilo estando ya en territorio estadounidense, por lo que las personas que buscan acceder a esta protección intentan presentarse en la frontera sur de EE.UU.
Desde mayo de este año, la Administración estadounidense impuso una serie de medidas que restringen el acceso al asilo en la frontera y que buscan que las personas reserven una cita en una aplicación móvil, llamada CBP One, para pedir la protección en los diferentes puertos de entrada.
En el comunicado del Departamento de Estado también señalaron que “nuestros socios también continúan avanzando en la ampliación de las vías legales para que las personas no se vean obligadas a realizar el peligroso viaje hacia el norte”.
