Una nueva regla impulsada por el Departamento de Justicia (DOJ) podría otorgar un mayor poder de decisión en casos de inmigrantes, como el cierre administrativo de casos, lo que podría beneficiar a miles de personas.
La propuesta será publicada oficialmente este viernes en el Registro Federal para recibir los comentarios públicos correspondientes, pero el documento al que tuvo acceso este diario adelanta que se busca terminar con las limitaciones a jueces migratorios, impuestas durante la Administración de Donald Trump.
Aunado a ello, la Administración Biden busca codificar varios procedimientos judiciales de inmigración, incluida la capacidad de los jueces para “cerrar administrativamente” un caso, es decir, eliminar el expediente de un inmigrante en proceso de deportación bajo ciertas circunstancias.
Si bien el cierre administrativo del caso no otorgar un estatus migratorio legal a una persona, eso complica que sea procesada para la deportación por parte de la agencia de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)
El cambio tendría impacto en la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), donde se integra a los jueces, así como a la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).
El documento recuerda que el cierre administrativo se había utilizado desde la década de 1970, pero su aplicación no está codificada, lo cual permitió que la Administración Trump intentara cancelar esa opción.
“Después de una cuidadosa reconsideración, el Departamento propone restaurar procedimientos de larga data vigentes antes de la Regla Final AA96”, indica el documento de la regla.
La Regla Final AA96 es la que fue impuesta por la Administración Trump, la cual sería reemplazada por la nueva codificación.
“[La nueva regla permitiría] el cierre administrativo, y para aclarar y codificar otras prácticas establecidas”, dice el documento. “El lenguaje regulatorio propuesto refleja en gran medida el status quo actualmente operativo”.
De este modo, el DOJ busca acelerar la atención de casos migratorios, en un momento que los jueces suman más de dos millones de casos pendientes.
“El Departamento cree que esta regla promoverá la adjudicación eficiente y expedita de casos, brindará a los jueces de inmigración y a la BIA flexibilidad para asignar eficientemente sus recursos limitados y protegerá el debido proceso para las partes ante los jueces de inmigración y la BIA”, defiende la regla propuesta.
Las organizaciones civiles y cualquier persona puede comentar hasta el 7 de noviembre del 2023 la regla propuesta, tras lo cual el DOJ integrará las opiniones y emitirá un documento final.
“El Departamento propuso eliminar disposiciones inaplicables o innecesarias respecto del envío del expediente del procedimiento de apelación”, señala también el proyecto.
Según un reporte del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse en Nueva York, las cortes migratorias acumulan 2.07 millones de casos pendientes.
La oficina de EOIR de Florida es la que más retrasos presenta, con 333,723 expedientes acumulados sobre procesos de deportación o decisiones sobre peticiones de asilo.
