En entrevista, Alejandro Celorio, consultor Jurídico de la SRE de México, explica los avances de las demandas de México en EE.UU. contra el tráfico de armas, una estrategia que ha puesto sobre la mesa en Washington, D.C. la importancia de detener esas acciones ilegales que empoderan a cárteles
Por: Jesús García
CIUDAD DE MÉXICO.- En 2022, por primera vez en Estados Unidos una ley codificó como delito el tráfico de armas, un problema que ha afectado a México, ya que alrededor del 80% de las armas enviadas ilegalmente a territorio mexicano proviene de territorio estadounidense, sin que hubiera una acción judicial para enfrentar el problema.
Dichas armas empoderan a los cárteles de la droga y resultaba inaudito que en la estrategia contra el crimen organizado, empujada en gran medida por EE.UU., no se contemplara atender el tráfico de armas como una prioridad, pero eso cambió con el Entendimiento Bicentenario, donde los gobiernos de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden acordaron empujar el tema como una prioridad, poco antes de que la Ley para Comunidades Seguras fuera aprobada en el Congreso estadounidense.
En paralelo, el Gobierno mexicano presentó una histórica demanda contra productoras de armas en una corte de Massachusetts, donde tuvo una primer derrota, pero que vislumbra nuevos bríos en la Corte de Apelaciones para el Primero Circuito, a tal grado que en mayo pasado, un par de docenas de fiscales generales republicanos, liderados por el fiscal de Montana, Austin Knudsen, enviaron un argumento legal a favor de productoras de armas.
Alejandro Celorio, Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, ha liderado el esfuerzo legal del gobierno de López Obrador, al cual se sumó una denuncia ante una corte en Tucson, Arizona.
En una entrevista con este diario en su oficina de la SRE en la Ciudad de México, Celorio explica la importancia de los procesos judiciales liderados por México y su impacto en la lucha contra el tráfico de armas.
El costo legal es un millón de dólares anuales para México, afirma Celorio, pero al cuestionarlo sobre los precios de las firmas de abogados en EE.UU., el funcionario señala que gran parte del trabajo es “pro bono”.
Primero, sobre la demanda que se presentó en Massachusetts, ¿sientes que dentro de los argumentos que se dieron hay alguna posibilidad real para México de avanzar en ese proceso?
Claro, ya en este momento de este litigio, puedo compartir un poco más de la estrategia. Muy al inicio se nos cuestionaba que era una movida política que únicamente buscaba llamar la atención sobre el tema. Sí, pero también estaba lo jurídico. Al principio nos mantuvimos con la disciplina de que este es un asunto jurídico, simplemente, pero ha habido victorias en los últimos dos años en términos de narrativa; cada vez más personas hablan del tráfico de armas y eso se reflejó en la audiencia [ante la corte], porque en la audiencia de apelación las preguntas de los tres jueces en el panel [muestran que están] mucho más enterados del tema y mucho más sensibles al argumento que presenta México de que la negligencia facilita el tráfico y el tráfico de armas genera violencia…
En Estados Unidos hay miles de tiendas, en México no se venden esas armas, las armas vienen en un porcentaje entre el 70 y 90% de Estados Unidos, y en la audiencia lo que nos llena de optimismo es que, si bien presentamos dos argumentos, el principal sobre la no extraterritorialidad de la Ley de Inmunidades es un argumento muy novedoso y quizá los jueces dicen, bueno, pues el hecho se dio en Estados Unidos y la ley protege los hechos en Estados Unidos, el debate es si protege contra daños ocurridos fuera de jurisdicción estadounidense; esa va a ser una discusión interesante que tendrán que tener los tres jueces…
¿Cuál fue la posición de la contraparte?
La contraparte no se metió mucho en responder el argumento de la no extraterritorialidad de la Ley de Inmunidades y utilizó mucho un caso de Twitter de reciente resolución, donde básicamente se le señalaba a esta red social de contribuir a la diseminación de mensajes terroristas.
Como el caso de las farmacéuticas y el abuso de drogas…
Y es donde ahí, uno de los jueces de apelación dice, bueno, pero tenemos este caso de las farmacéuticas donde se daban muchas recetas, muchas recetas y se enviaba a la compra de este producto en específico sabiendo o debiendo saber que iba a generar una dependencia en el público estadounidense.
Entonces, ahí creemos que nos puede facilitar un poco más una resolución favorable para México; los precedentes, tanto los litigios contra las farmacéuticas, como el litigio contra la industria del tabaco.
En la Corte del Distrito hubo un apoyo de varios estados y de gobiernos, además de El Caribe, entonces esto también soporta esta apelación, ¿la integran dentro del paquete de defensa?
En primera instancia recibimos siete escritos de amigos de la corte; en la instancia de apelación obtuvimos ocho escritos de amigos de la corte; muchos repitieron, como los fiscales, los procuradores estatales y de los países de El Caribe…
Hubo una asociación de El Caribe que se sumó, ¿o no?
Hubo muchas expresiones, por ejemplo del Caricom (la Comunidad Caribeña), diciendo esto nos afecta, cuál es la relevancia de este [caso], del apoyo de países de El Caribe, que sufren en medidas diferentes, pero sufren igual del tráfico ilícito de Estados Unidos particularmente Jamaica, Trinidad y Tobago.
Ahora, la ley sobre armas que aprobó el Congreso estadounidense hace dos años ayuda en parte con este debate.
Ayuda mucho en el sentido de que reconoce, por primera vez, que el tráfico ilícito de armas es un delito; no existía en Estados Unidos ese delito. […] Entonces ahora ya lo están haciendo, se han incrementado los decomisos y eso me parece, en términos de narrativa, que ha aumentado mucho, porque ya se ve que es un problema, ya es un ilícito y, en términos jurídicos, ya será más sencillo argumentar, porque tenemos una demanda presentada también en Tucson, Arizona.
Vamos a ver los escenarios, digo, yo sé que tú no puedes adelantar muchas cosas, porque no sabes exactamente lo que decidirán los jueces, pero ¿podría llegar el tema a la Corte Suprema?
Estamos valuando ese escenario. Ahí tendremos que realizar una evaluación, uno de posible éxito de un recurso ante la Suprema Corte estadounidense, o sea, porque si vamos a perder ya es un precedente; que es la otra cosa, ahí sí se tiene que hacer una valoración jurídica más que política, muy profunda, porque una cosa es perder un litigio, pero lo otro es contribuir a que se siente un precedente.
Y complique el pleito legal adelante…
No sólo a nosotros, sino a todos los que quieran demandar, entonces hay que valorar. Esos son análisis que se hacen con mucha profundidad, quiénes son los ministros de la Suprema Corte, cómo está el ambiente político, cuál es su posición respecto al control de armas.
Ahora, hablemos de la demanda que tienen en Tucson, ¿qué pasó ahí?
Nosotros teníamos pensando desde el inicio, la demanda en Boston es una demanda contra productores, distribuidores y alguno que otro vendedor, pero el origen del problema y nuestro argumento principal es ustedes saben [las productoras de armas] o deben de saber qué pasa en su línea de distribución […] y uno de los argumentos que ellos presentaron, en su respuesta escrita fue: “¿Yo qué culpa tengo? Intervienen muchos actores en la línea de, en la vida del arma, de la venta del arma como para que me haga responsable”. Se va diluyendo la responsabilidad civil, entonces, cuando pensamos en una segunda demanda, dijimos bueno, vayámonos al último punto en la cadena de distribución y venta en el territorio estadounidense, y estas tiendas están ubicadas en Arizona, son cinco y a ellas con base en investigaciones de ATF y otras dependencias estadounidenses, hay señalamientos que le han vendido a prestanombres y a traficantes.
¿Qué les ha dicho la Administración Biden cuando hablan de estas demandas?
Están bien enterados. Ahora, cada vez más los políticos estadounidenses, congresistas principalmente; empiezan a comprender que el tráfico de armas genera violencia en México, empodera a los cárteles, genera violencia en localidades que expulsa migrantes […] esa me parece es la mayor victoria hasta ahora, de las demandas.
¿Cuál sería el peor escenario para México?
El peor escenario para México es que perdamos en la apelación, que se confirme la decisión del [juez Dennis] Saylor; que sea una decisión tan específica respecto al alcance de PLACA, es decir que la excepción no vuela y tiene efectos extraterritoriales, que nos sea muy complicado ir a la Suprema Corte de Justicia, es el peor escenario. De todas formas, no es tan negativo, porque tenemos Tucson todavía.
¿Les sirve a ustedes también el argumento el jefe del Comando Norte, cuando en una audiencia en el Congreso dijo: nosotros creemos que Estados Unidos sí debe de hacer más realmente para dejar de enviar armas?
Sin, duda, sin duda… Y eso hay que resaltarlo también, es una buena victoria ante el Gobierno de México, porque ya se empieza hablar más en Washington de la relación de armas y crimen organizado.
Si el crimen organizado en México no tuviera, no sólo la cantidad, sino el poder de fuego por el calibre, sería más fácil el ejercicio de la fuerza por parte del Estado mexicano.
Existe el riesgo de que en 2024 los republicanos ganen y evidentemente México se enfrentaría un escenario completamente distinto.
Con base en la experiencia que tuvimos con [Donald] Trump, los primeros dos años de la presidencia López Obrador, los dos últimos de Trump, sí entienden; sí entienden el argumento de que el problema son las armas, yo creo que en términos de acciones contra el tráfico de armas seguirían. En términos de narrativa, ahí sí, yo creo que ya no sería tan equilibrado el argumento.
Ahora, este tema de armas a llegado a las Naciones Unidas, México ha sido muy vocal allá con el Embajador Juan Ramón de la Fuente y se tomaron acuerdos interesantes, ¿qué impacto puede tener eso en las demandas?
Esta estrategia es mucho más amplia; son las dos demandas Boston-Tucson, luego tienen un componente en el aspecto multilateral, porque al final de la estrategia es un tema de que los estados tienen que hacerse más responsables de los productos que comercian y exportan en términos generales.
Ahora, en Austria ante Naciones Unidas contra las drogas y el crimen organizado, el tema de marcaje de las armas y el micromarcaje de las municiones es un tema de trazabilidad.
Existe el argumento de que si los cárteles en México no compran armas en Estados Unidos van a comprar en cualquier otro país.
Sí, efectivamente. Es así de fácil, lo podrían hacer. Podrían imprimir partes, las podrían armar, nada más que el volumen, o el número de armas a las que tendrían acceso, y el tipo de armas y la velocidad para acceder a ellas sería menor.
En Estados Unidos te metes aquí en la página de internet y dices, me gusta esa [arma], tal color, mandas el dinero, la compran y tienes tu arma.
