El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó este martes que llegó a un acuerdo reparatorio con los padres de la niña que falleció cuando quedó prensada en un elevador de un hospital de Playa del Carmen, Quintana Roo, la semana pasada.
A través de un video en Twitter, Robledo señaló que entre lo acordado con los padres está la atención médica, seguro de salud y acompañamiento psicológico permanente al núcleo familiar, becas educativas para sus hermanos de 17 y 20 años.
“Medidas económicas que atienden a la esfera afectiva y medidas económicas que atienden la esfera material. Por petición expresa de la familia, estas no las haré públicas. Además, medidas de no repetición y de memoria”, enlistó Robledo.
Asimismo, señaló que dichos acuerdos fueron aprobados el sábado por el Consejo Técnico del IMSS, en sesión extraordinaria, para atender el caso, dar apoyo y atención a las víctimas del accidente.
De igual forma, Zoé Robledo reiteró que tiene que haber justicia en el caso para establecer responsabilidades y también fijar medidas para que no vuelva a suceder algo similar. “Esto no puede volver a ocurrir en ninguna parte del país”, indicó.
Por otra parte, afirmó que hay tres investigaciones en torno al accidente de la menor: la primera es una investigación sobre los hechos de ese día; la segunda sobre los contratos que desde enero del 2019, diversas delegaciones del IMSS le dieron a la empresa SITRAVEM; y la tercera sobre la adquisición de los elevadores marca HITRA.
“Tenemos que dar con todos los responsables, tenemos que ir tope a donde tope y yo me aseguraré de que reciban la sanción que en justicia les corresponde”, aseguró.
El miércoles pasado, Zoé Robledo responsabilizó al técnico de la empresa SITRAVEM, compañía encargada de dar mantenimiento al elevador del hospital donde murió la niña, pues indicó que no dejó ninguna notificación o señal donde advirtiera el mal funcionamiento de este.
Asimismo, aseguró que el elevador, de la marca HITRA, ha presentado muchas fallas como los otros 180 que se adquirieron en mayo del 2016 por un monto de 558 millones de pesos.
“Se documentaron diversas fallas en sus componentes y diversas fallas en su funcionamiento. Tenemos conocimiento también que otras instituciones diferentes al IMSS, como el caso del Congreso del estado de Jalisco, también tuvieron problemas con elevadores de esta misma marca”, apuntó.
