LAS VEGAS- Cerrar el negocio de lavandería fue un golpe emocional para Ana Daniela Amézquita, un punto final a su esperanza de volver a México, al menos en un futuro cercano.
Durante la peor etapa económica de su familia, la pequeña inversión había ayudado a solventar los gastos más urgentes: comida, ropa, agua, luz, casa, electricidad, cuando su esposo se quedó sin empleo en Ciudad Obregón y sus ingresos como contadora no alcanzaron.
Pero no tuvo otra opción que cerrarla: “Los extorsionadores me pidieron 30,000 pesos mensuales”, detalla en entrevista con este diario. “Ni siquiera ganábamos eso: eran sólo cinco lavadoras”.
Por eso tomó la decisión de cerrarla. Mejor nada que tratos con sus verdugos que querían el dinero a cambio de no llevarla hacia la muerte o hacerle daño físico o patrimonial.
No se lo dijeron así, al menos.
“Dígale a la patrona que si quiere estar protegida y no le falte nada tiene que pagar al señor”, dijo el hombre que se presentó en el negocio, armado.
Previamente, Ana Daniela Amézquita recibió algunas llamadas telefónicas con la misma petición, pero las ignoró. Fue en abril pasado.
Poco antes de esas fechas, ella y su esposo se habían mudado a Estados Unidos en busca de una estabilidad: el estado de Sonora se ha convertido en un lugar de disputa cada vez más violenta entre los cárteles y la economía ha ido en detrimento.
Conservaron el micronegocio como un ancla para el futuro. Era una opción porque seguía dando para pagar algunas cuentas en México y pensaron que podría crecer hasta el día que llegó el hombre a hacer la propuesta.
Ella sabía el significado de negarse a pagar la cuota: la muerte de gente cercana o hasta la suya, la destrucción total del negocio con un incendio o la agresión física en contra de su empleada.
Ocurre en todo el país y recientemente con más saña en Sonora y algunas de sus principales ciudades y poblaciones.
“No tuve opción: cerré”, detalla. “Solo me quedé con la duda de quién ordenaba la extorsión, ¿cuál señor?”.
El contexto
De acuerdo con un estudio de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), una de las dos patronales más grandes del país, los primeros 53 meses de la Administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador hubo un incremento de 48% en el número total de carpetas de investigación por el delito de extorsión.
Esto significa, con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “la mayor cantidad de carpetas de investigación para un periodo similar de las administraciones pasadas”, aseguró la Coparmex en la publicación de sus resultados.
El número de víctimas de extorsión aumentaron en once estados, incluyendo algunas de las ciudades más importantes por su peso económico, como la Ciudad de México y varias entidades fronterizas.
Según el análisis de la Coparmex, una de cada dos empresas miembro de la organización, reportaron ser víctimas de algún delito el año pasado. La extorsión y el delito informático empataron como tercer delito más frecuente para las empresas.
Entre los negocios víctimas de extorsión, el 72% fue extorsión telefónica y el 28% fue cobro de piso, práctica común del crimen organizado.
Analistas de seguridad reportan que a nivel nacional los reclusorios se han convertido en los “call center” de la extorsión telefónica, con ganancias millonarias para las bandas de internos y desde donde se generan un promedio de siete extorsiones por minuto.
Estimaciones de expertos, autoridades y organizaciones, indican que nueve de cada 10 llamadas de extorsión salen de los penales, donde los celulares ¡están prohibidos!
No hay una cuantificación oficial de las ganancias que los reos obtienen producto de las extorsiones pero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía estimó en 2021 que este delito dejó pérdidas monetarias por casi 100 millones de dólares, en su equivalente en pesos.
En Sonora no hay un perfil específico sobre el tipo de delincuentes especializados en este delito. Organizaciones defensoras de derechos humanos, señalan a los cárteles de la droga como responsables de extorsiones a migrantes, pero el gobierno del estado señala a células de criminales independientes como responsables de ataques a la población.
El 29 de abril, autoridades locales y federales realizaron múltiples cateos en el municipio de Nogales donde lograron desarticular a la banda criminal de Vicente N, alias El Chente, que castigaba con tablazos a todos aquellos que se negaban a pagar las cuotas de extorsión, entre ellos, comerciantes.
Pero también trabajadores de todo tipo, de médicos a albañiles.
En lo que va del año, oficialmente se reconocen 537 extorsiones consumadas cuyas modalidades incluyen llamadas telefónicas en las cuales fingen secuestros; intimidaciones a ancianos y adolescentes y la clásica exigencia de derecho de piso a negocios que documentó la Coparmex y vivió en carne propia Ana Daniela Amézquita en abril pasado.
“Nosotros levantamos una denuncia y nos dieron un acta en el Ministerio Público, les mostramos la foto del muchacho que solicitó la cuota pero no pasó nada, no nos volvieron a llamar”, detalla la migrante de 28 años, quien sobrevive actualmente de su cartera de clientes a larga distancia en Sonora y algunos trabajos de limpieza que puede tomar de vez en cuando en Nevada.
Otro país
Aunque frecuentemente Ana Daniela y su pareja viajaban a Estados Unidos con visa de turista, no previeron algunos retos de establecerse permanentemente, como que en algunos estados no permiten la renta más que a ciudadanos o residentes o que en ciudades como Las Vegas no se puede hacer prácticamente nada sin un automóvil.
La familia va y viene en un solo coche y, hace unos meses tuvo un accidente que los dejó con las manos atadas cuando otro coche los golpeó por atrás, tuvieron que ir a terapias de rehabilitación y resolver sin un medio de transporte.
“Mi esposo trabaja en la construcción y no podía llegar hasta donde tenía la misión”, comenta. “Ahora sabemos que muchos migrantes pasan por esto, pero migrar no era algo que teníamos pensado”.
Otras cifras
– De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Victimización (Envipe), tan sólo en 2021 -último año con datos disponibles- se cometieron 4.9 millones de extorsiones en el País.
– En Sonora cada mes se denuncian entre 680 y 750 llamadas por fraude y extorsión telefónica y extorsión, de las cuales se consuman 80.
