El gobernador Ron DeSantis promulgó una de las legislaciones contra los inmigrantes indocumentados más dura de Estados Unidos.
La Ley SB 1718 entró en vigor el sábado 1 de julio y afecta a unos 900 mil indocumentados que residen en Florida, algunos de ellos ya comenzaron su camino hacia otras ciudades del país.
Rosa Elera, representante de la Coalición de Inmigrantes de Florida, habló con El Tiempo Latino sobre los detalles de esta legislación y las consecuencias para la comunidad inmigrante en el estado.
“Si una persona viaja pero se regresa en auto a Florida y tiene en su auto a un inmigrante indocumentado, puede ser calificado como ‘tráfico humano’ y podría enfrentar 15 años de prisión”, dijo Elera.
La nueva ley de DeSantis obliga a “los hospitales o departamentos de emergencia, que reciben fondos de Medicaid, a preguntar a una persona su estatus migratorio”.
Elera añadió que la legislación SB 1718 también invalidará las licencias que son otorgadas por otros estados como Washington y Nueva York.
“Están quitando los fondos para los ID comunitarios, que no solamente se utilizan para la comunidad indocumentada, sino también para los homeless y para que la comunidad LGBTQ se pueda identificar cuando su proceso ha sido aplazado o no han podido encontrar una forma de identificarse”.
Agregó que “el ID comunitario ha ayudado mucho a las comunidades vulnerables en Florida y el gobierno está proyectando quitar los fondos que reciben los condados para manejar este programa”.
Qué prohíbe la ley SB 1718
- Prohíbe y declara que es ilegal que una persona contrate, emplee o reclute a un inmigrante indocumentado.
- Califica como “tráfico de personas y delito grave” el traslado hacia Florida de inmigrantes indocumentados.
- Prohíbe a las autoridades locales dar fondos a “cualquier persona, organización y entidad para que expida documentos de identificación a inmigrantes con un estatus irregular”.
- Establece sanciones penales de cinco años de cárcel y multas de $5 mil para los inmigrantes que usen documentos falsos para conseguir un empleo.
- Exige a los hospitales y centros de atención de emergencias que reciben fondos de Medicaid a preguntar sobre el estatus migratorio de los pacientes, aunque esta pregunta es opcional responderla.
- Inválida los permisos y licencias de conducir otorgados por otros estados a inmigrantes irregulares.
- Solicita a los empleadores con 25 o más empleados que usen el sistema E-Verify para las nuevas contrataciones.
- Asigna $12 millones al programa que traslada “extranjeros no autorizados” a otros estados.
