Creada en 2020 pero impulsada por ambos países recién el pasado abril, la operación para enfrentar el tráfico de armas comenzó a dar algunos frutos en la frontera entre ambos países y en los juzgados, pero las cifras alcanzadas, a pesar de ir a la alza, apenas cubren una pequeña parte de la crisis de seguridad nacional que significa su flujo de norte a sur.
Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).– México y Estados Unidos consideran crucial para la seguridad nacional de sus respectivos territorios el tráfico de armas –que va de norte a sur–, uno de los principales problemas relacionados con el trasiego de drogas y que, ahora, después de varios años, estaría teniendo sus primeros resultados positivos, aunque aún lejos de resolver el problema general.
Corea del Norte promete impulsar un segundo intento de lanzar un satélite espía
AP
00:00 / 00:00
Se trata de la “Operación Southbound”, llamada en español “Operación de Norte a Sur”, que es la iniciativa insignia para combatir el tráfico de armas de fuego de la Unión Americana a México. Esta semana, el Departamento de Justicia de EU (DOJ, por sus siglas en inglés) informó que, a través de esta intervención, se incautaron unas dos mil armas de fuego en la primera mitad del año fiscal 2023, es decir de julio a diciembre de 2022.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, esta cifra representa un aumento del 65.8 por ciento respecto del mismo período en el año fiscal 2022. “Más de 80 mil cartuchos de municiones fueron incautados en la primera mitad del año fiscal 2023, lo que también implica un aumento sustancial en comparación con el mismo período en el año fiscal 2022”, informó el DOJ.
Sin embargo, a pesar del aumento, el problema sigue siendo mucho más grande, ya que, de acuerdo con el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, las armas que se trafican de EU a México son unas 200 mil al año.
Un informe del Inspector General del DOJ estadounidense confirmó desde 2010 que estas armas de fuego son “la fuente principal” de los traficantes de drogas que provocan cientos de miles de homicidios al año en México y que después llevan la droga a EU. En 2020, expuso, EU exportó el 80 por ciento de las armas pequeñas que llegan a México. En tanto que las armas de fuego de origen estadounidense también constituyen, al menos, el 70 por ciento de las armas ilícitas recuperadas.
También presumen la sentencia contra Jorge Zuniga-Aguilera, originario de Arizona, quien fue condenado a 27 meses de cárcel en el sistema penitenciario federal por traficar al menos 82 armas de fuego, incluida un arma que se utilizó en el homicidio de un ciudadano mexicano; y del residente de Laredo, Texas, Jaime Jesús Esquivel, quien fabricó y exportó ilegalmente a México armas totalmente automáticas para su uso por los cárteles.
¿QUÉ ES LA “OPERACIÓN SOUTHBOUND”?
Encabezada en EU por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Operación de Norte a Sur es la “aplicación de la ley entre múltiples agencias que incluye a socios del ámbito de aplicación de la ley del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS)”.
En EU solamente, desde su creación en abril de 2020, ha movilizado a nueve grupos de trabajo interinstitucionales sobre tráfico de armas de fuego a ocho ciudades ubicadas en la frontera sur y suroeste del país. “Estos equipos se enfocan en investigaciones relativas al tráfico de armas de fuego hacia México, con la participación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y fuerzas estatales y locales de policía, así como fiscales, fiscales de Estados Unidos y la División Penal del DOJ”, explica la Casa Blanca.
En abril de 2023, López Obrador publicó un decreto para crear una comisión presidencial para combatir el tráfico de drogas sintéticas ilícitas, armas de fuego, y municiones. Esto permitió que EU y México publicaran una declaración bilateral, un día después, tras la visita del Gabinete de Seguridad a la Unión Americana, con una delegación encabezada por la Secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez y Marcelo Ebrard, entonces Canciller, acompañados además por los titulares de las fuerzas armadas, para discutir este tema y otros, incluido el tráfico de fentanilo.
“Este grupo de trabajo especial mejorará la coordinación entre las agencias federales del Gobierno de México para apoyar la investigación y arresto de individuos involucrados en la producción y tráfico de fentanilo. México y Estados Unidos se comprometieron a continuar los trabajos conjuntos para desmantelar la cadena de suministro de fentanilo y al cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación en ambos lados de la frontera”, indicó el Gobierno mexicano en un comunicado.
“Funcionarios de México y Estados Unidos se comprometieron a incrementar la cooperación para combatir el tráfico de armas de fuego. Mediante la Operación De Norte a Sur (“Operation South bound”) ha incrementado de manera significativa las investigaciones sobre tráfico de armas con un nexo con México, así como las incautaciones de armas de fuego y municiones”, reconocieron ambos gobiernos.
Asimismo, la Operación de Norte a Sur incluye un enfoque “que abarca a todo el Gobierno para trastocar el tráfico de armas de fuego de los Estados Unidos a México”, dijeron, lo que permite que fuerzas policiales lleven a cabo “aumentos significativos de investigaciones sobre tráfico de armas con un nexo con México, así como a incautaciones de armas de fuego”.
Además de los resultados presumidos por EU esta semana, el DOJ dio a conocer que a través de la Operación “Without a Trace” (“Sin Rastro”), donde distintas agencias de aquel país identifican, persiguen, incautan e investigan los métodos de financiación, transporte y comunicaciones empleados por las redes de adquisición y contrabando de armas de fuego con el objeto de perturbar y desarticular sus operaciones ilegales de tráfico de armas, “ha posibilitado más de 700 arrestos así como la incautación de más de mil 900 armas de fuego y más de 850 mil cartuchos de municiones”.
¿QUÉ SIGUE PARA LA OPERACIÓN?
El eje de la operación incluye cinco puntos principales: asegurar que rindan cuentas los traficantes y desplegar nuevas autoridades; contrarrestar el aumento de armas fantasma y otras armas peligrosas; erradicar el suministro de armas ilegales; mantener el foco en las operaciones de control y salida de Estados Unidos; profundizar la colaboración con México; y, por último, impulsar investigaciones en curso.
Bajo estas premisas, el DOJ presumió que está utilizando nuevas facultades penales establecidas en la Ley bipartidista “Comunidades más seguras” (Bipartisan Safer Communities Act, BSCA) “para identificar a quienes trafican con armas de fuego y asegurar que rindan cuentas”.
“El DOJ ha formulado cargos contra más de 100 personas por violar disposiciones de la BSCA sobre tráfico de armas de fuego o sobre compra nominal (o ambas). La disposición sobre tráfico de armas de fuego ha resultado particularmente útil en la frontera suroeste de Estados Unidos, ya que más de la mitad de todos los cargos por ese delito han sido presentados por fiscalías generales de estados de Estados Unidos en la zona de la frontera”, precisó la dependencia estadounidense.
Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) ha incautado más de mil 500 armas de fuego y componentes de estas armas y más de 100 mil cartuchos de municiones desde julio de 2022 y hasta la fecha, a través de sus operativos propios. A su vez, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su siglas en inglés) ha incautado casi mil armas de fuego y componentes de armas de fuego y más de 125 mil rondas de municiones.
En colaboración con el Gobierno de México, el Departamento de Justicia y la Oficina para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de EU ampliaron el acceso al sistema de seguimiento “eTrace” a México, “lo que permite que las fuerzas policiales mexicanas puedan rastrear rápidamente el origen y el comprador de muchas de las armas utilizadas en la consumación de delitos”.
“Hasta ahora, casi 12 mil rastros fueron enviados a la ATF por organismos gubernamentales mexicanos durante la primera mitad del año fiscal 2023, y más de un tercio se pudieron vincular con un comprador”, indicó el DOJ. “Las coincidencias exitosas en eTrace se han aplicado a diversas investigaciones y procesos penales sobre tráfico de armas de fuego impulsados por Estados Unidos, incluido el caso Villa Unión que permitió el enjuiciamiento de 18 personas. Hasta la fecha, 18 estados y la Fiscalía General de la República de México (FGR) tienen acceso a eTrace“.
El DOJ colabora con el INL para la acreditación de 25 laboratorios de balística en 19 estados mexicanos y en la Fiscalía General de la República, con el objetivo de acreditar un laboratorio de balística en cada uno de los 32 estados mexicanos para el año 2025. “Recientemente, el Fiscal General mexicano Alejandro Gertz Manero y el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Felipe de Jesús Gallo, “establecieron una unidad aprobada destinada a trabajar exclusivamente en el tráfico de armas de fuego y centrarse en esfuerzos estratégicos de aplicación de la ley”, informaron las autoridades estadounidenses, aunque no dieron más detalles.
LAS CRÍTICAS
Luego de una reunión este miércoles, la Vicefiscal General de EU, Lisa; el Subsecretario de Seguridad Nacional, John Tien; el Embajador de EU en México, Ken Salazar y el director de la ATF, Steve Dettelbach, acordaron aumentar los recursos para la operación en el corto plazo. Sin embargo, hay cuestionamientos por la facilidad que tienen las armas estadounidenses a manos de grupos criminales.
Guadalupe Correa-Cabrera, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos, aseguró a SinEmbargo en marzo pasado que no hay interés en Estados Unidos en poner un freno a este contrabando de armas, a la par que precisó que México debe hacer lo propio para identificar las redes que permiten el ingreso y distribución de este arsenal en el territorio nacional.
“No hay interés [en EU] y es muy difícil porque está este complejo fronterizo industrial, formado por las empresas productoras de armas. Ellos financian campañas de políticos tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata”, comentó. “Y bueno a los estadounidenses, a alguna parte les preocupa estos eventos donde una persona tirotea y mata a varios ciudadanos, pero no les interesa lo que está pasando del otro lado de la frontera, no sienten los estragos de la misma forma que lo sentimos los mexicanos”.
Además, el caso más famoso del fracaso de la contención del tráfico de armas sucedió hace apenas una década: el operativo llamado “Rápido y Furioso”, que se realizó entre 2009 y 2011, fue aquel donde Estados Unidos introdujo armas a México para rastrear a delincuentes, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, pero nunca arrojó resultados y, en cambio, dejó muertos en ambos países.
El Gobierno de López Obrador ya ha intentado además llevar a juicio a las empresas fabricantes de armas: primero en una demanda en EU encabezada por la Secretaría de Relaciones Exteriores que meses después fue desechada y ahora con un segunda denuncia también en la Unión Americana, la cual está en proceso de revisión sobre si se acepta o no, pero que por los antecedentes podría volver a desecharse.
