Bilingües, treintañeros y de clase media. Así eran los ocho desaparecidos de un supuesto “call center” que, según las autoridades, quizás no era más que una fachada de un despacho de fraudes del crimen organizado en Jalisco y que ha puesto en la discusión nacional un par de preguntas:
¿Los cárteles obligan a trabajar a muchos en actividades ilegales de manera forzada o con presiones? ¿Delataron al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)?
A principios de la semana pasada, los gobiernos federal, estatal y municipal de Zapopan, en la zona conurbada de Guadalajara, capital estatal, arrancaron la búsqueda del grupo de ocho muchachos que, uno a uno, fueron reportados por sus familias como ilocalizables.
Padres, hermanos, primos o parejas intentaban comunicarse con ellos y, al no recibir respuestas, empezaron los vaivenes para reportar oficialmente la ausencia; en el camino, se dieron cuenta de que todos sus parientes tenían como común denominador trabajar en la misma compañía.
Sorprendió tanto a familiares como a la opinión pública la movilización del gobierno, la escalada de atención y los resultados de la investigación hasta el momento.
Primero, el gobernador Enrique Alfaro dijo a través de redes sociales que la evidencia sugería que la casa donde trabajaban los desaparecidos no era un centro de llamadas, “sino de un centro de operaciones de otra naturaleza”.
Luego, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad federal, detalló que los indicios arrojaban que los trabajadores “estaban realizando algún tipo de fraudes inmobiliarios” y “de extorsiones telefónicas”.
Las evidencias del gobierno provienen del cateo de la casa donde encontraron marihuana, rastros de sangre en trapos, material de limpieza así como información sobre tiempos compartidos, membresías y objetivos de ventas.
Los familiares se quejaron inmediatamente por lo que consideraron una “criminalización de las víctimas”. Entre otros, Leticia, familiar de Arturo Robles, uno de los desaparecidos sobre quien ya se confirmó la muerte, dijo a la prensa local, que hubieran preferido tener noticias de primera mano de las autoridades con quienes tienen reuniones similares en lugar de enterarse a través de un twitt.
“Nosotros lo que pedimos es que aparezcan nuestros desaparecidos que estén de regreso que nos ayuden a encontrarlos”, explicó.
Las 45 bolsas y otras hipótesis
Las víctimas desaparecieron entre el 20 y el 22 de mayo y una semana después de búsqueda oficial llevó al hallazgo de 45 bolsas de basura en Guadalajara con varios restos humanos, entre los que podrían estar los ochos del “call center”, según las autoridades.
Las familias están en espera de que el Servicio Médico Forense confirme si la identidad de los restos coincide con los de Itzel Abigail y Carlos David Valladolid, Jesús Alfredo Salazar, Mayra Karina y Jorge Velázquez.
En los últimos años ha crecido el número de desaparecidos a nivel nacional y principalmente en Jalisco. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta que este estado concentra el mayor número de personas no localizadas con un total de 15, 039 personas que representan el 13% nacional donde suman más de 19,0000
Para analistas de seguridad como Jorge Ramírez, coordinador Universitario de Desaparición de Personas, estas desapariciones podrían estar relacionadas a las necesidades de la organización criminal.
“El perfil de la desaparición en Jalisco es de personas jóvenes y, sobre todo, masculinas, estamos hablando de un promedio de ocho de cada 10 casos”, dijo. “La desaparición, entonces, podría tener como fin predominante la trata personas reclutadas a la fuerza no sólo como combatientes, sino también como técnicos especializados en operaciones claves del cártel”.
La hipótesis sobre los motivos de esclavitud de la desaparición de las personas en México tiene años en el discurso de las organizaciones que buscan a los suyos. En 2010, activistas de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila hicieron una lista de especialistas que, según su perfil profesional, podrían ser útiles para las organizaciones criminales.
Entre ellos, contadores, químicos, administradores de empresa, especialistas en telecomunicaciones y otras ingenierías. También gente bilingüe.
Ante la desesperación por la impunidad en el país, Delia Quiroa, defensora de los derechos humanos cuyo hermano desapareció en 2014, publicó una carta que se hizo viral en la que pedía a los líderes de los cárteles de México que llegaran a un pacto social.
“Lo único que queremos es saber qué le pasó a nuestros familiares desaparecidos”, escribió Quiroga. “Necesitamos de su ayuda y colaboración”.
López Obrador dijo que aceptaría un acuerdo que podría poner fin a la violencia pero se retractó de la declaración posteriormente y declaró que, aunque apoyaba a las familias que buscaban a sus seres queridos, “no hay en puerta ningún otro plan”
Estafadores
En un reporte editorial, el diario Mural, uno de los más importantes de Jalisco, señaló recientemente al CJNG de desaparecer a los jóvenes del call center como represalia por una información que en marzo pasado hizo pública el Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre fraudes a estadounidenses.
El rotativo señaló que integrantes del CJNG, sospecharon que las estafas de tiempo compartido se descubrieron por una información que se fugó del call center donde desaparecieron los ocho.
EEUU alertó este año sobre la operación de 19 empresas mexicanas, en su mayoría situadas en Jalisco, que vendían tiempos compartidos, rentas de propiedades o algún tipo de alojamientos vacacionales a estadounidenses de la tercera edad.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) detalló que las falsas compañías se hacían pasar por actividades inmobiliarias, de agencia de viajes, comercio al por mayor y “otro tipo de servicios de apoyo empresarial”, montaban páginas web y una vez que sus víctimas depositaban el dinero, desaparecían.
El Centro de Quejas de Delitos en Internet del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), indicó que durante todo 2022 se recibieron al menos 600 denuncias de estadounidenses engañados. Las pérdidas sumaron al menos 39.6 millones de dólares (MDD).
