Diputados del Congreso del Estado emitieron un exhorto al Gobierno Federal para que informe sobre los avances, investigaciones y acciones sobre la serie de irregularidades del Instituto Nacional de Migración, descubiertas a raíz del incendio de la noche del 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, que terminó con la vida de 40 migrantes.
También se pidió separar de su encargo al titular del mismo, Francisco Garduño Yañez, por el patrón de irregularidades y de omisiones documentadas y reportadas en relación a su gestión.
Así mismo, se llamó a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración, y en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informen a cuánto asciende la cantidad de recursos aplicados a la política migratoria a lo largo de este año 2023 y en qué se han destinado.
La propuesta se aprobó por mayoría de votos, y su promotora, diputada Marisela Terrazas (PAN), señaló que la Federación, encargada de la política migratoria, sigue sin abordar de manera efectiva las dimensiones de movilidad de las crisis.
Terrazas Muñoz aseguró que la Federación no garantiza una migración segura, ordenada ni digna; donde se advierte desde ya, que la trata y explotación de seres humanos, en este caso específicamente de migrantes, ha ido a la alza, no se combate la trata ni explotación de mujeres y niños, tampoco el trabajo infantil, ni la feminización de la migración, por mencionar solo algunos.
Según su criterio, el Presidente López Obrador, quiso lavarse las manos responsabilizando directamente a la empresa de seguridad privada del incidente que cobró la vida de 40 personas, cuando la realidad es que los guardias seguían órdenes de los altos mandos del Instituto, dependencia que forma parte del Ejecutivo Federal.
La panista recordó que existen irregularidades en la operación del Instituto Nacional de Migración que no han sido resueltas; desde las prácticas ilegales y abusivas en contra de migrantes, el uso indebido de recursos públicos en la celebración de contratos de adjudicación directa, la falta de capacitación de los servidores públicos y la omisión de proceso debido a la militarización del Instituto.
Con información del Diario de Chihuahua
