Modificar artículos constitucionales o presentar iniciativas sin fundamentos no resuelven los problemas por el combate a los delincuentes cibernéticos en México, advirtieron especialistas.
“Hay muchas de estas iniciativas que sólo van por el tema político y algunas carecen de un reforzamiento por algún especialista en la materia”, acusó Verónica Becerra, cofundadora de Offhack, empresa especializada en ciberseguridad.
En la actualidad, sostuvo, existen varias iniciativas que buscan modificar ciertos artículos a la Constitución, pero en ninguno de los casos se plantean medidas concretas para la combatir los crímenes cibernéticos.
“Las iniciativas son buenas, el problema es cómo se manejan. Pueden ayudar, pero más allá de combatir el cibercrimen, creo que se debe centrar en iniciativas proactivas”, añadió Becerra.
El miércoles pasado, el diputado Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, presentó una iniciativa para modificar el artículo 21 de la Constitución.
Esta propone que la investigación de ciberdelitos corresponda al Ministerio Público, además de tratar a la ciberseguridad como derecho humano.
“La iniciativa busca colocar a la ciberseguridad como un derecho humano y no está mal, pero México no ha colocado el derecho a la tecnología, por ejemplo, o el derecho a Internet como derecho humano.
“Creo que la iniciativa busca hacer parece más ‘moderno’ al Estado mexicano, cuando éste carece de servicios digitales básicos para la ciudadanía”, reviró Víctor Ruiz, fundador de la empresa de ciberseguridad SILIKN.
Además, comentó, no se aborda el tema de los delitos internacionales.
