La administración de Donald Trump ha recortado drásticamente la financiación de un programa de servicios legales para asesorar y representar a niños inmigrantes no acompañados.
Este es el último paso de una larga disputa de las últimas semanas sobre el progrrama de servicios legales que provee asistencia a los menores indocumentados.
El contrato suspendido proporcionaba asistencia legal a menores migrantes que entran al país sin un padre o tutor, lo que genera preocupación de que se vean obligados a navegar solos por el complejo sistema legal.
Mediante ese contrato se brindaba representación legal a más de 26,000 niños inmigrantes que se encuentran o han sido liberados de la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Este era un contrato federal de aproximadamente $200 millones de dólares, dividido entre grupos de asistencia legal en Arizona y otros estados, que permite a los abogados hablar con los menores y representarlos en cortes migratorias tras su liberación en centros de acogida gestionados por la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR).
Según informó ABC News, el viernes se anunció un recorte parcial de la financiación de esta subvención mediante un memorando del Departamento del Interior.
Bajo las nuevas estipulaciones, se ha recortado toda la financiación para la representación legal de menores.
Una parte menor de la financiación que permite a los abogados organizar talleres “Conozca sus Derechos” para menores detenidos sigue intacta.
Para los menores no acompañados, contar con un abogado podría ser el factor determinante para que puedan permanecer en Estados Unidos o se vean obligados a regresar a su país de origen, según los expertos.
Michael Lukens, director ejecutivo del Centro Amica, que representa a menores migrantes en el área de Washington, D.C., calificó la suspensión de la financiación de “ilegal” y dijo a The Associated Press que continuarán ayudando a tantos niños como puedan “durante el mayor tiempo posible” y tratarán de luchar contra la terminación.
La Asociación Americana de Abogados (ABA) dijo en un comunicado que tiene serias preocupaciones por la decisión de terminar de inmediato la mayor parte del programa de servicios legales financiado por el gobierno para niños no acompañados.
“La finalización abrupta del programa hoy, sin considerar cómo los niños que actualmente están representados ni cómo se verán afectados los procedimientos judiciales, es profundamente preocupante y podría dejar a miles de niños inmigrantes, muchos de los cuales ya han sufrido traumas y violencia graves, vulnerables a sufrir más daños”, advierte ABA.
La ABA, una de las asociaciones voluntarias de abogados más grandes del mundo, solicita a los miembros de la profesión jurídica que se pongan en contacto con sus funcionarios electos para “instar a la administración a restablecer la financiación completa de los servicios legales para niños no acompañados y a oponerse a cualquier medida que restrinja el acceso a los servicios legales y la información para estos niños”.
