Un hombre de 47 años, identificado como Abel Orozco Ortega, fue detenido por agentes de inmigración el pasado 26 de enero mientras regresaba a su hogar en los suburbios de Chicago tras comprar tamales para su familia.
Según una denuncia presentada por grupos de defensa de inmigrantes, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) buscaban en realidad a su hijo, quien comparte el mismo nombre.
Este caso, junto con otros 21 arrestos, ha sido señalado como una violación de derechos humanos y de un acuerdo legal vigente, según informaron activistas y abogados en una conferencia de prensa el lunes.
De acuerdo con lo reportado por The Associated Press (AP), los arrestos ocurrieron durante las primeras semanas del segundo mandato del presidente Donald Trump y presuntamente incumplen un acuerdo alcanzado en 2022 entre organizaciones de Chicago y el gobierno federal.
Este acuerdo, que surgió tras una demanda por redadas migratorias realizadas en 2018, establece límites claros sobre cómo los agentes de ICE pueden realizar arrestos colaterales, es decir, detener a personas que no son el objetivo principal de una operación.
Acusaciones de violaciones al acuerdo de 2022
El acuerdo de 2022, que abarca los estados de Illinois, Indiana, Kansas, Missouri, Kentucky y Wisconsin, estipula que los agentes de ICE solo pueden realizar arrestos sin una orden judicial si tienen pruebas de que la persona en cuestión podría escapar.
Sin embargo, los abogados del National Immigrant Justice Center (NIJC), que representan a los grupos demandantes, aseguran que este protocolo no fue respetado en los casos denunciados.
Entre las demandas presentadas, los activistas exigen la liberación de dos personas que aún permanecen detenidas, sanciones para los agentes involucrados y mayor transparencia en las operaciones de ICE. Según AP, la agencia federal declinó hacer comentarios sobre las acusaciones debido a que el caso se encuentra en litigio.
El caso de Abel Orozco Ortega ha generado especial atención debido a las circunstancias personales de su familia.
Según declaraciones de sus allegados, Ortega no tiene antecedentes penales y su esposa, quien enfrenta un diagnóstico de cáncer de mama, ha tenido dificultades para cubrir los pagos de la hipoteca desde su detención. Su hijo, Eduardo Ortega, ciudadano estadounidense, expresó en una conferencia de prensa: “Todos somos humanos, merecemos ser tratados como tal”.
De los 22 arrestos reportados, uno de los detenidos ya fue deportado, 19 fueron liberados bajo fianza y uno, un ciudadano estadounidense, fue liberado tras permanecer esposado durante varias horas. Según los abogados, la mayoría de los detenidos no tiene antecedentes penales, salvo una persona con un cargo por conducir bajo los efectos del alcohol.
Operativos en lugares de trabajo
Otro incidente destacado en la denuncia ocurrió el 7 de febrero en un restaurante mexicano ubicado en Liberty, Missouri, donde agentes armados de ICE interrogaron a los empleados durante varias horas antes del inicio del servicio de almuerzo.
Según el documento presentado ante el tribunal, los agentes no tenían causa probable para creer que las personas interrogadas fueran a huir antes de obtener una orden judicial.
Estos operativos han sido parte de una estrategia más amplia de la administración de Donald Trump, que priorizó una política de aplicación agresiva de las leyes de inmigración, especialmente en ciudades santuario como Chicago. Estas ciudades limitan la cooperación entre las autoridades locales y los agentes federales de inmigración, lo que ha generado tensiones entre los gobiernos locales y federales.
Implicaciones legales y posibles repercusiones nacionales
Aunque el acuerdo de 2022 se limita a los seis estados bajo la jurisdicción de la oficina de ICE en Chicago, los abogados del NIJC consideran que la nueva denuncia podría tener implicaciones a nivel nacional. Según explicaron, defensores de inmigrantes en otros estados podrían sumarse al esfuerzo legal para exigir cambios en las prácticas de detención de ICE.
El gobierno federal tiene hasta principios de abril para responder a la denuncia en los tribunales, mientras que el acuerdo actual expira en mayo. Este caso podría sentar un precedente importante sobre cómo se regulan las operaciones de ICE y el respeto a los derechos de las personas detenidas, independientemente de su estatus migratorio.
Durante la conferencia de prensa, Mark Fleming, abogado del NIJC, cuestionó la narrativa oficial de la administración Trump sobre los operativos migratorios.
“Cada vez que escuchan a esta administración hablar sobre cómo están capturando a pandilleros, terroristas, lo peor de lo peor, necesitan tomar una dosis de realidad”, afirmó. Fleming instó a la ciudadanía a analizar más profundamente quiénes son realmente las personas arrestadas en estas operaciones.
La falta de detalles sobre los métodos utilizados por ICE en estos arrestos ha sido otro punto de crítica. Según la AP, aunque las redadas han sido ampliamente publicitadas por el gobierno federal, la información sobre las prácticas específicas empleadas por los agentes sigue siendo limitada.
Información de Infobae
