Un juez federal ordenó el sábado al gobierno de Donald Trump que cese el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros aplicable en tiempos de guerra para deportar a venezolanos sin una audiencia, diciendo que cualquier avión que hubiera salido de Estados Unidos con inmigrantes bajo esa ley debía regresar.
El juez de distrito James Boasberg bloqueó con una orden de restricción temporal la capacidad de la administración Trump de utilizar una amplia autoridad en tiempos de guerra para deportar rápidamente a algunos inmigrantes a quienes Estados Unidos ha acusado de estar afiliados a la pandilla venezolana Tren de Aragua.
Antes de la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros por el presidente Trump, ese mismo magistrado, James Boasberg, había prohibido preventivamente su aplicación contra la deportación de cinco venezolanos, y después de la invocación, el juez amplió su veto para cubrir a todos los no ciudadanos bajo custodia de Estados Unidos que estarían sujetos a dicha normativa de 1798.
La orden de restricción judicial estará en vigor durante 14 días o hasta nuevo aviso.
“Un breve retraso en su expulsión no le causa ningún daño al gobierno”, indicó Boasberg en declaraciones recogidas por la cadena CNN, añadiendo que “cualquier avión que contenga a estas personas, que vaya a despegar o esté en el aire debe ser devuelto a Estados Unidos”.
“Esto es algo que deben garantizar que se cumpla de inmediato”, ordenó el juez al gobierno.
El fallo se deriva de una demanda, J.G.G, vs Trump, presentada esta mañana por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Democracy Forward y la ACLU del Distrito de Columbia, que impugna la entonces esperada invocación ilegal y sin precedentes de la ley por parte del presidente. La administración Trump finalmente publicó hoy la invocación de la ley por parte del presidente, aunque en realidad fue firmada ayer.
Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que demandó por la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de Trump, declaró en una entrevista posterior a la audiencia que creía que dos vuelos estaban en el aire el sábado por la noche.
La Ley de Enemigos Extranjeros que Trump invocó este sábado constituye para algunas organizaciones humanitarias un abuso de poder.
La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 es una autoridad en tiempos de guerra que permite al presidente detener o deportar sin audiencia previa a los nativos y ciudadanos de una nación enemiga, seggún la explicación de la misma publicada por el Brennan Center for Justice.
“La intención del gobierno de Trump de usar una autoridad en tiempos de guerra para la aplicación de la ley migratoria es tan inédita como ilegal. Podría ser la medida más extrema del gobierno hasta la fecha, y eso es mucho decir”, declaró Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y abogado principal.
Cárteles de narcotráfico fueron designados previamente como organizaciones terroristas
Una orden ejecutiva firmada en enero, que designó a Tren de Aragua como organización terrorista extranjera y allanó el camino para la expulsión directa de sus miembros del territorio estadounidense bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Esa orden ejecutiva del presidente declaró que, junto con la MS-13, una pandilla con origen en El Salvador no incluida en la orden del sábado, “representan una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía”.
Trump recurrió a la ley de 1796 este sábado al estimar en su orden ejecutiva que el Tren de Aragua “está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio”.
Todos los venezolanos mayores de 14 años que se considere que pertenezcan a esa banda, se encuentren en Estados Unidos y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros.
Esa ley no había sido invocada desde la II Guerra Mundial (1939-1945) y en toda la historia del país solo se ha aplicado en tres ocasiones, todas ellas en tiempos bélicos: durante la guerra de 1812 y en las dos contiendas mundiales, de acuerdo con el Brennan Center.
La ACLU argumentó en su presentación que la pandilla no ha participado en una invasión “porque la actividad delictiva no cumple con las definiciones de larga data de esos requisitos legales”.
La ACLU informó en un comunicado que se ha programado una audiencia sobre los méritos de la demanda para el 21 de marzo en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, D.C.
El Departamento de Justicia apeló las decisiones de Boasberg del sábado ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia.
Información de La Opinión
