La Unión de Trabajadores Agrícolas (United Farm Workers, UFW) y cinco residentes del condado de Kern, en California, demandaron al Departamento de Seguridad Nacional, Aduanas y Protección Fronteriza y a la Patrulla Fronteriza para prohibirles detener, arrestar y expulsar del país a miembros de la comunidad utilizando prácticas que violan la Constitución de los EE. UU. y la ley federal.
La demanda denuncia discriminación contra latinos, maltrato, abusos y coacción a algunos migrantes para autodeportarse a México, y considera “ilegales” las redadas realizadas en el Valle Central en las que detuvieron a decenas de inmigrantes.
Según la demanda, en enero, agentes de la Patrulla Fronteriza con base en la frontera entre Estados Unidos y México viajaron más de 300 millas hasta Bakersfield para lanzar la “Operation Return to Sender” (“Operación Devolución al Remitente”), de una semana de duración a través de áreas predominantemente latinas del condado de Kern y la región circundante.
“La operación parece haber sido diseñada para atrapar, detener y arrestar a personas de origen Latino que parecían ser trabajadores agrícolas o jornaleros, independientemente de su estatus migratorio real o circunstancias individuales. De ahí, la Patrulla Fronteriza los transportó a su Estación en El Centro, California, y los presiono a firmar la salida “voluntaria”, una forma de expulsión sumaria que puede resultar en una prohibición de reingreso a los Estados Unidos de varios años de duración”, citó también la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU)
Una de las demandantes es María Hernández Espinoza, quien residía en Kern County desde hacía 20 años.
Según la querella, agentes de la Patrulla Fronteriza obligaron a Hernández a firmar documentos que no le permitieron leer y que, sin su conocimiento, implicaban su salida voluntaria del país.
A pesar de sus súplicas para comparecer ante un juez de inmigración, su derecho le fue negado, indica. Hernández y al menos otras 40 personas fueron deportadas a México, separándolas de sus familias sin certeza sobre cuándo podrán regresar.
“Nos detuvieron porque nos vemos latinos o parecemos trabajadores agrícolas, por el color de nuestra piel. Fue injusto”, expresó Hernández.
La demanda también expone que los agentes de la Patrulla Fronteriza desplegaron retenes en carreteras y caminos cercanos a granjas y negocios, donde presuntamente arrestaban personas con base en su apariencia.
Incluso aquellos con estatus migratorio legal fueron víctimas de detenciones arbitrarias, detalla.
En algunos casos, los agentes habrían reaccionado con violencia, rompiendo ventanas de vehículos, dañando neumáticos y, en un incidente reportado, arrojando a una mujer adulta mayor al suelo antes de liberarla tras verificar que tenía residencia legal.
La UFW denuncia que este tipo de operativos no solo afectan a los inmigrantes, sino que también generan miedo y explotación laboral en los campos agrícolas.
“Como resultado de estas tácticas coercitivas, decenas de residentes de Kern County ahora están varados en México, lejos de sus hogares y familias”, se lamentó Teresa Romero, presidenta de la UFW.
Información de La Opinión
