Un juez federal ordenó el jueves a la administración de Donald Trump que levante temporalmente una congelación de fondos de tres semanas que ha paralizado la ayuda exterior de Estados Unidos, canalizada principalmente a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).
El juez del Distrito de Colombia, Amir Ali, citó el daño generalizado que el cierre repentino ha causado a las organizaciones sin fines de lucro y otras organizaciones que ayudan a llevar a cabo la asistencia estadounidense en el extranjero.
La orden es en respuesta a una demanda presentada por dos organizaciones de salud que reciben fondos del gobierno de EE.UU. para financiar programas en el exterior.
La decisión judicial indica que el gobierno, por ahora, no puede suspender o cancelar la ayuda exterior que ya había sido aprobada antes de que Trump asumiera el mandato.
Siguiendo la orden, emitida por Trump a finales de enero, el secretario de Estado, Marco Rubio, emitió una directiva en la que frenó toda la asistencia exterior, con excepción del apoyo para Israel y Egipto, y mantuvo solo el envío de alimentos en situaciones de emergencia extrema.
La decisión desató el pánico en organizaciones humanitarias de todo el mundo que dependen de los contratos con Estados Unidos para seguir operando.
Según la ONU, Estados Unidos es el principal suministrador de ayuda exterior, con cerca de $2,000 millones de dólares invertidos durante 2023, lo que representa un 40% de la ayuda humanitaria global.
De acuerdo con la nueva doctrina del gobierno de Trump, cada dólar invertido debe “hacer que Estados Unidos sea un país más seguro, más fuerte y más próspero”.
El paró de 90 días es, según el Departamento de Estado, “la única manera de examinar y prevenir el despilfarro”. Además, 50 altos cargos de USAID fueron suspendidos debido a sospechas de que se habrían resistido a acatar las órdenes.
Otro juez federal en Washington, en un caso separado presentado por sindicatos, prohibió temporalmente al gobierno, con una pausa de una semana más, colocar a más, colocar a más de 2,000 empleados de USAID en licencia administrativa.
El juez de distrito Carl Nichols, designado por Trump, también ordenó a la administración que reincorpore a los empleados que ya se encuentran en licencia y bloqueó las evacuaciones aceleradas de los empleados de USAID de sus países anfitriones.
