De acuerdo a la Organización Elementa DDHH, en los últimos años, el mercado ilícito de drogas se ha reconfigurado debido a la incursión de drogas sintéticas. Particularmente, la llegada del fentanilo ha impactado profundamente en la zona norte de México, concentrándose en las ciudades fronterizas como Tijuana y Mexicali.
Dado ese contexto, la organización advirtió del creciente reto que encaran las autoridades de la frontera de México para proteger la salud mental de los migrantes ante las deportaciones masivas, y evitar así que terminen en una situación de calle y en el consumo problemático de sustancias.
A decir por Elementa, el sistema de prohibición de drogas se conjuga con elementos sociales, políticos y culturales que condicionan la vida de millones de personas. Frente a esta situación, existen poblaciones que son particularmente vulnerables, como aquellas que habitan la calle y quienes consumen sustancias.
Renata Demichelis Ávila, directora en México de la organización, explicó que esta medida va más allá de los programas de protección que se instrumentaron para los migrantes que sean deportados de Estados Unidos, y su razón deriva en la crisis de opioides que se vive en esta zona fronteriza.
En este sentido, destacó que, según estudios realizados por el Instituto Nacional de Psiquiatría y la ex Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), las principales características de las personas usuarias de sustancias en Tijuana “son hombres, la mayoría migrantes que habían intentado cruzar la frontera o que fueron deportados de Estados Unidos”.
Por lo cual, remarcó la necesidad y urgencia de que las autoridades “lleven a cabo una política real de salud mental”, ya que es un tema que en Baja California, y en particular Tijuana, las autoridades del gobierno estatal lo tienen bien identificado y documentado.
“No es algo nuevo, el mismo gobierno del estado tiene ya documentado el cómo el fenómeno de la migración, particularmente el de la deportación, impacta de manera sustancial en el consumo de sustancias, por lo que ya deberían tener respuestas a esa situación”, expuso.
Todo ello, agregó, “como consecuencia de la frustración, la depresión y la caída del estado de ánimo tras haber sido repatriados contra su voluntad”.
