San Juan, Texas— Un plan, dijo Joaquín García a un grupo de inmigrantes la semana pasada, deben tener un plan.
“¿Quién va a recoger a los niños de la escuela?”, preguntó García. “Los pagos de la casa, los pagos del carro, las facturas del hogar, el título de propiedad: todo eso tiene que estar en su plan”.
Para los miles de inmigrantes indocumentados que se estima viven en el Valle del Río Grande de Texas, la deportación es un riesgo que enfrentan todos los días. Ese riesgo ha aumentado considerablemente después de que Donald Trump ganara un segundo mandato en la Casa Blanca tras casi dos años de campaña prometiendo deportaciones masivas.
García es el director de organización comunitaria de La Unión del Pueblo Entero (LUPE), un grupo que ha apoyado a inmigrantes, trabajadores agrícolas y texanos hispanos durante décadas.
La reunión de la semana pasada fue parte de una campaña de “Conozca Sus Derechos” que la organización lidera y que refleja sesiones informativas similares que grupos de derechos de inmigrantes en todo Texas están organizando antes de la investidura de Trump.
“Sabemos que el presidente electo Donald Trump no asume el cargo hasta el 20 de enero”, dijo García. “Ahora es el mejor momento para prepararse”.
Pedirle a la audiencia que reflexionara sobre esos escenarios no fue para causar miedo ni pánico, dijo García, sino para animarlos a crear un plan para ellos mismos y sus seres queridos en caso de ser detenidos.
“¿Quién se va a encargar de llevar adelante tu vida, por así decirlo, cuando enfrentas la deportación y estás detenido?”, preguntó nuevamente García.
Texas es hogar de aproximadamente 1.6 millones de personas indocumentadas —el segundo número más alto en Estados Unidos después de California—, y los líderes republicanos del estado han dejado claro que están dispuestos a colaborar con la administración Trump en sus esfuerzos de deportación.
Era un lluvioso viernes por la noche cuando el grupo celebró su primera sesión de capacitación. A pesar de ello, un grupo de unas 50 personas asistió a la reunión.
Demostrando los derechos que tienen en ciertas situaciones, García y Marcela Alejandre, miembro del personal de LUPE, realizaron representaciones teatrales de diferentes escenarios en los que podrían encontrarse los residentes indocumentados, como una detención de tráfico o ser arrestados con posibilidad de deportación.
Mientras se desarrollaban esos escenarios, el personal de LUPE pidió a los asistentes que reflexionaran sobre lo que podrían hacer en esas situaciones o cómo podrían evitarlas por completo.
Persistían preguntas entre la audiencia, muchas de las cuales plantearon durante la reunión. La gente levantó la mano para preguntar qué información están obligados a divulgar si son detenidos, qué problemas legales podría enfrentar un ciudadano que vive con residentes indocumentados y si hay beneficios en la autodeportación.
El personal de LUPE reconoció que no tenían todas las respuestas y los instaron a consultar con un abogado para obtener orientación. También les recordaron que tendrían más sesiones de capacitación con la intención de proporcionar información más detallada.
Una mujer indocumentada presente dijo que ha asistido a reuniones de LUPE durante años y que conoce bien sus derechos. Sin embargo, se mostró escéptica de que ese conocimiento la salve de la deportación.
“El problema es que hay oficiales que no les importa si estás pagando seguro o impuestos, que tienes propiedad… no les importa”, dijo en español. “Te agarran y te llevan, aunque sepas tus derechos. Todo depende del oficial que te toque cuando te arrestan”.
Por ahora, dijo, es un juego de espera.
“Realmente no sabemos qué va a pasar porque unas personas dicen una cosa, otras dicen otra”, comentó.
