Houston— Tom Homan, un partidario de línea dura en materia de inmigración que escogió el presidente electo Donald Trump para ser su “zar de la frontera”, se subió a un helicóptero la semana pasada, mientras el gobernador Greg Abbott hacía un recorrido aéreo sobre todo lo que Texas había hecho para impedir que la gente cruzara ilegalmente desde México.
Hay un campamento recién construido para la Guardia Nacional de Texas, cuya misión en la frontera se ha parecido mucho a un despliegue militar. Cerca de allí, una barrera de boyas en el río Bravo pone a los migrantes en peligro de ahogarse. La orilla del río está llena de alambre de púas que a menudo ha dejado con cortes y heridas a la gente que cruza la frontera. La Policía Estatal patrulla regularmente la maleza, para detener a migrantes en una inusual extensión de la autoridad estatal a los asuntos de inmigración.
“Este es un modelo que podemos llevar a todo el país”, le dijo Homan a un grupo de miembros de la Guardia Nacional y policías estatales de Texas que aplican las leyes fronterizas en la ciudad de Eagle Pass. “Estoy impresionado por lo que he visto hoy”.
Usando como queja que el gobierno de Biden no ha conseguido proteger la frontera, Texas ha gastado miles de millones de dólares en los últimos tres años para impedir por su cuenta los cruces fronterizos no autorizados.
La medida ha producido choques frecuentes con el Gobierno federal porque busca expandir los límites legales del poder estatal.
Ahora esas luchas casi han terminado y el estado está preparado para asumir un posible papel central en lo que el gobierno de Trump entrante ha prometido que será una rápida campaña de medidas drásticas en la frontera y el mayor programa de deportación del que se tenga memoria.
Otros estados dirigidos por republicanos han expresado su apoyo a la iniciativa. En Utah, el gobernador Spencer Cox ha prometido colaborar con el gobierno entrante para “identificar, encarcelar y deportar” a migrantes que hayan cometido delitos. El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, ha dicho que intentará deportar a los migrantes no autorizados que se encuentran actualmente en prisiones estatales.
Pero el estado que destaca es Texas, el único estado fronterizo con México con gobernador republicano.
En las últimas semanas, las autoridades de Texas han dado inicio a nuevos programas fronterizos, se han preparado para poner fin a algunas disputas legales con el Gobierno federal y se han ofrecido a ayudar a la administración de Trump a poner en marcha su programa de deportación.
La comisionada estatal de Tierras, Dawn Buckingham, ya ha ofrecido más de 560 hectáreas de terreno estatal en la frontera del Sur de Texas para el posible desarrollo de un centro federal de deportación a gran escala. Esta semana, Buckingham reveló que se han identificado otros terrenos en los alrededores de El Paso.
“Lo que necesite el Gobierno federal. Tengo cientos de miles de hectáreas en el río”, dijo la republicana Buckingham en una entrevista. “Si el gobierno de Trump dijera: ‘Oye, necesitamos hacer algo en una propiedad que tengas cerca de Austin, cerca de Dallas o cerca de Houston’, estaríamos encantados de complacerlo”.
Abbott ha comentado que habló con Trump sobre la frontera después de las elecciones y que Texas estaba tomando medidas para prepararse –“acciones, planificación, preparación, esquemas”– para el programa de deportación.
La oficina de Abbott declinó dar detalles concretos y Trump no ha esbozado sus planes, aunque ha dicho que tiene la intención de declarar una emergencia nacional en materia de inmigración y que el Ejército estadounidense intervendría.
En una entrevista conjunta con Homan en Fox News, Abbott dijo que apoyaba el uso del Ejército estadounidense para el programa de deportación e hizo notar el papel de la Guardia Nacional de Texas en el programa estatal de seguridad fronteriza conocido como Operación Estrella Solitaria.
“En Texas, mostramos la forma en que las fuerzas policiales podían trabajar en colaboración con las fuerzas militares: la Policía se encarga de la vigilancia y los militares hacen cosas como construir barreras fronterizas que impiden la entrada”, dijo Abbott.
“Mira, el gobernador Abbott y yo ya estamos trabajando juntos”, añadió Homan. “Ya estamos haciendo planes. No vamos a esperar al 20 de enero”, dijo, para referirse al día de la inauguración presidencial. “La planificación empieza ahora. El 20 de enero, entramos en acción”.
Pero Abbott también ha sugerido que el papel del estado se reducirá a medida que el gobierno de Trump asuma el poder y describió las labores actuales del estado para hacer cumplir la ley en la frontera como un “recurso temporal”.
Abbott y otros funcionarios republicanos, como el vicegobernador Dan Patrick, han declarado que el estado pronto podría reorientar su gasto en la frontera hacia otras prioridades. El estado ya ha gastado más de 10 mil millones de dólares en iniciativas fronterizas en los últimos tres años.
“Ahora vamos a poder tomar mucho de ese dinero y devolvérselo a nuestros contribuyentes para caminos, agua, educación, atención médica”, dijo Patrick en una entrevista con WFAA en Dallas tras las elecciones.
Desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo, Abbott ha expandido los límites de lo que un estado puede hacer para aplicar las leyes de inmigración, un ámbito reservado por la Constitución al Gobierno federal en la mayoría de los casos.
En 2021, la Policía Estatal empezó a detener a migrantes acusados de allanamiento de terrenos privados y a miles de ellos los recluyó en cárceles estatales, a menudo durante meses, a la espera de juicio. La mayoría de los migrantes optaron por declararse culpables para salir; a final de cuentas muchos fueron deportados por el Gobierno federal.
Ese proceso podría informar ahora sobre la estrategia del Gobierno federal, dijo Kristin Etter, directora de política y servicios jurídicos del Consejo Legal de Inmigración de Texas, un grupo sin fines de lucro que defiende los derechos de los inmigrantes.
“Todo lo que han hecho en el marco de la Operación Estrella Solitaria es tan sólo un prototipo de cómo acorralar a inmigrantes, someterlos a duras condiciones, fingir que se les va a proporcionar cierto nivel de garantías procesales y luego coaccionar a la gente para que acepte una deportación”, afirmó.
