Morena y aliados aprueban más impuestos a sonorenses y menos recursos para el campo en 2025, pese a inseguridad y crisis agropecuaria: Diputados PRI

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    Los Diputados del PRI se manifestaron en contra del presupuesto 2025 porque no se escuchó, ni se consideraron las necesidades urgentes del estado como la crisis de sequía, exportaciones y desempleo que enfrentan la agricultura y la ganadería

• El paquete económico 2025 incluye incremento e impuestos en ISR, y deja en manos de los empresarios recursos destinados a combatir la crisis de seguridad ciudadana.

Hermosillo, Sonora; 5 de diciembre de 2024.– Los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado de Sonora, Iris Sánchez Chiu y Emeterio Ochoa Bazúa, expresaron su rechazo a la reforma fiscal y a la Ley de Ingresos y Egresos 2025, señalando que dichas medidas no solo son perjudiciales para la economía de los sonorenses, sino que además comprometen la transparencia y la estabilidad financiera del estado.

Los legisladores del PRI destacaron varios puntos clave que, a su juicio, reflejan un manejo irresponsable de los recursos públicos y ajeno a las necesidades reales de las y los sonorenses; como la inseguridad, que deja que los empresarios aporten recursos mediante un incremento de impuestos al ISR; así como la atención urgente que requiere la sequía que azota el sur de Sonora, donde miles de trabajadores se están quedando sin empleo por falta de cultivos.

Iris Sánchez Chiu indicó que la reforma fiscal para 2025 propone que los recursos destinados al Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop) ya no se utilicen exclusivamente para este fin, lo que abre la puerta a su utilización en otros conceptos no previstos a voluntad del gobierno. Este cambio podría poner en riesgo la transparencia y la correcta aplicación de los recursos públicos, además de ser potencialmente inconstitucional.

Dijo, además, que la propuesta de aumentar un 1% el impuesto sobre nómina a empresas con más de 100 empleados podría desincentivar la creación de empleos en un estado que ya enfrenta desafíos económicos; y enfatizó que los recursos generados por este impuesto se podrían utilizar de manera opaca, sin que se garanticen beneficios para la seguridad pública, como se plantea en la reforma.

Por su parte, el diputado Emeterio Ochoa Bazúa señaló que se trata de un presupuesto desequilibrado. Mientras que la Secretaría de Agricultura y Ganadería sufre recortes en su presupuesto, instituciones como el Instituto Estatal Electoral reciben recursos excesivos, a pesar de que no habrá elecciones este año y no se priorizan las necesidades urgentes de los sonorenses, como la sequía en el Valle del Yaqui o Mayo o la crisis de exportación que viven los ganaderos.

Ochoa Bazúa envió un mensaje al gobernador Alfonso Durazo en el que señala que el Grupo Parlamentario del PRI está abierto al diálogo y busca ser una oposición responsable, aplaudir las buenas iniciativas siempre privilegiando las necesidades urgentes de los sonorenses.

“No somos sus enemigos, hemos sido adversarios en la boleta y en la búsqueda del poder que legítimamente hoy usted ostenta para bien del estado de Sonora. Queremos y anhelamos ser aliados del estado de Sonora. Hemos tendido la mano para dialogar, para discutir, para procesar los temas que hemos discutido desde que entramos en esta legislatura. No queremos ser una oposición que vote en contra cada vez porque no se toma en cuenta como se debe de tomar y como se debe de llevar a la práctica el trabajo parlamentario en este congreso”, subrayó.

Los diputados del PRI también criticaron el enfoque de la Ley de Ingresos 2025, que propone un aumento de impuestos y un incremento significativo en la deuda pública, al señalar que esta estrategia compromete el futuro económico de Sonora y no ofrece una solución sostenible para financiar el presupuesto estatal.

Por estas razones, el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Sonora se pronunció en contra de la reforma fiscal y la Ley de Ingresos y Egresos 2025, ya que considera que no responden a las verdaderas necesidades del estado y ponen en riesgo la estabilidad económica y la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

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