De 21 militares que participaron en los hechos violentos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, al menos cuatro son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de cinco civiles.
Los soldados no se encuentran detenidos, pero sí separados de sus funciones y bajo resguardo castrense hasta que concluyan las primeras diligencias de la Fiscalía, informaron fuentes de la Sedena.
Según testimonios, siete jóvenes salían de un antro el domingo cuando se toparon con un convoy militar en la Colonia Cavazos Lerma y tras una persecución cinco fueron abatidos y dos resultaron heridos.
La Sedena argumentó que los soldados dispararon debido a que escucharon un “estruendo” desde la camioneta en la que viajaban los civiles.
Fuentes militares informaron que en un primer hecho, unos ocho elementos de tropa (soldados, cabos o sargentos) se desplazaban en la unidad que persiguió a los civiles.
De acuerdo con los primeros indicios de balística de la FGR, detallaron, cuatro soldados que venían como artilleros en la batea de la unidad militar fueron los que accionaron sus armas contra el vehículo de los jóvenes.
En los patrullajes, las camionetas del Ejército operan generalmente con entre seis y ocho elementos, dos en la cabina (el copiloto al mando) y entre cuatro y seis en la batea.
“Todos se sometieron a las periciales, pero la investigación se centra en cuatro que iban atrás”, aseguró una de las fuentes consultadas.
EXIGEN CUENTAS
Amnistía Internacional (AI) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamaron a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rinda cuentas sobre la actuación de sus elementos, tras el abatimiento de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
En un pronunciamiento, AI también demandó a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una investigación pronta y eficaz del caso, y al “Estado mexicano garantizar que las familias accedan a la justicia y reparación”.
“Recordamos que los casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares en contra de personas deben ser investigadas y juzgadas por jueces civiles”, añadió junto a hashtag #LaMilitarizaciónNoEsLaSolución.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó a las autoridades una investigación diligente, pronta e imparcial de los hechos.
A través de un comunicado, refirió que, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, el empleo de las armas de fuego debe ser el último recurso, proporcional al objetivo legítimo que se persigue, con pleno respeto y protección de la vida humana.
“Toda muerte relacionada con el uso de la fuerza por efectivos militares debe ser investigada de forma independiente por las autoridades civiles, las cuales deben contar con toda la información y colaboración de las corporaciones”, indicó.
La repetición de situaciones similares a partir del accionar de las fuerzas militares en Nuevo Laredo durante los últimos años, indicó, hace más patente la necesidad de llevar a cabo un análisis objetivo y minucioso de las circunstancias en las que se hace uso de la fuerza y, en particular, las medidas que se deberían adoptar para prevenir graves violaciones a los derechos humanos.
La ONU-DH alertó también a las autoridades para que protejan a los sobrevivientes y testigos, así como a las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas que han estado documentando lo ocurrido el domingo pasado.
Piden proceso civil
“Los casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares en contra de personas deben ser investigadas y juzgadas por jueces civiles”.
Amnistía Internacional
“Toda muerte relacionada con el uso de la fuerza por efectivos militares debe ser investigada de forma independiente por las autoridades civiles”.
Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
