El Plan B electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador incluyó reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, además, expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).- El Plan B de la Reforma Electoral fue publicado esta mañana en el Diario Oficial de la Federación (DOF), luego de que se aprobara el pasado 22 de febrero en el Senado con 72 votos a favor y 50 en contra, y se turnara al Poder Ejecutivo federal para su publicación.
El Plan B incluyó reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, además, expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Según las consideraciones del dictamen que tuvieron las y los senadores, se estableció “dejar para discusiones siguientes el Artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”, es decir, lo referido a la denominada cláusula de la “vida eterna” de organizaciones como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde.
Ayer, 1 de marzo, Alberto Pérez Dayán, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral(INE) contra la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas de la primera parte del Plan B electoral.
En la controversia que presentó ante la Corte, el INE consideró que las reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas producen una “violación directa” a sus funciones como órgano constitucional autónomo, al considerar que “obstaculizan” la función que realizan para garantizar la equidad en la contienda electoral, ya que la propaganda podría influir en la elección.
Pérez Dayán dio un plazo de 30 días hábiles para que la Cámara de Diputados, el Senado, la Presidencia y la Secretaría de Gobernación, presenten su respuesta.
Por otro lado, el Plan B de la reforma ha estado envuelto en polémica, ya que partidos opositores, ciudadanía y el propio Instituto Nacional Electoral (INE) se han resistido a la serie de cambios que conlleva la reforma.
El Consejo General del INE afirmó que alrededor de unas dos mil 175 personas podrían quedar sin empleo, el cual sería uno de los impactos de la Reforma Electoral del Presidente López Obrador.
Por medio de un comunicado de prensa sobre las implicaciones de la reforma en materia electoral, el INE apuntó que de las dos mil 571 plazas que conforman actualmente la estructura del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del sistema del INE, las reformas contemplan mantener sólo 396, por lo que alrededor de un 84.6 por ciento se quedaría desempleado.
Por su parte, Lorenzo Córdova Vianello, Consejero presidente del INE, llamó al Plan B una reforma disruptiva que va en contra de todo lo construido en 35 años, fue propuesta desde el poder, no desde la oposición, como solía ser, se aprobó por una “aplanadora legislativa” oficialista y sin consultar a expertos o a las autoridades electorales.
“En suma, es una reforma peligrosísima para la viabilidad de la democracia por una simple y sencilla razón, porque por primera vez abre la puerta a que la organización de las elecciones sean un problema”, aseveró.
El pasado domingo 26 de febrero, el Zócalo capitalino se llenó inéditamente de militantes de la oposición como ciudadanos que están en contra del Plan B de la Reforma Electoral, así como en múltiples plazas públicas del interior de la República.
