La Corte Suprema escuchó los argumentos orales sobre la deportación voluntaria y la posibilidad de que a los inmigrantes que asuman esa decisión puedan tener flexibilidad para apelar sus casos.
El centro del debate es que los 60 días que se determinan que una persona puede salir del país se cumplen incluso si el día final cae en fin de semana o en día feriado o si agrega un día.
El caso atendido por el Máximo Tribunal es el Velazquez v. Garland, sobre el caso de un mexicano a quien se le ordenó salir del país antes máximo el 11 de diciembre de 2022, tras aceptar la deportación voluntaria, pero si no cumplía con tal determinación, entonces enfrentaría una multa de $3,000 dólares y no sería elegible para una apelación de la deportación o regresar al país en al menos 10 años.
Gerard Cedrone, abogado de Hugo Abisaí Monsalvo Velázquez, argumentó que la salida voluntaria de los 60 días debería seguir la lógica de funcionamiento de gobierno.
“El período de 60 días en el estatuto de salida voluntaria funciona como cualquier período legal rutinario”, expresó. “Cuando el último día cae en fin de semana o feriado, el período continúa corriendo hasta el siguiente [dia]”.
Sin embargo, la interpretación en el caso de Monsalvo Velázquez –quien llegó a EE.UU. en 2005 siendo adolescente– lo llevó a perder el derecho de apelar su deportación y a enfrentar su castigo.
Monsalvo Velázquez, quien estaba en Colorado con su esposa y dos hijos estadounidenses, decidió de última hora apelar su caso de deportación, pero presentó la moción el 13 de diciembre, el lunes inmediato a la fecha límite de salida.
La Junta de Apelaciones de Inmigración dijo que era demasiado tarde, debido justamente a que su periodo de 60 días expiró el 11 de diciembre.
Los jueces están dividos sobre la posiblidad de considera un día extra, debido a que hay dudas sobre que Monsalvo Velázquez pudo irse un sábado, sin necesidad de tomar en consideración la apertura o no de una corte, como lo expresó la jueza Amy Coney Barrett.
El punto clave del debate es la posibilidad de que el inmigrante pueda presentar, de último minuto, una apelación a su deportación, por lo que el abofado Cedrone, quien forma parte de Goodwin Procter, reconoció que si bien alguien puede viajar en fin de semana, el caso se refería más a la disponibilidad de tribunales.
La jueza Sonia Sotomayor consideró que en ciertos asuntos las acciones de una persona están vinculadas a la actividad del gobierno.
“Sí, existe una obligación del extranjero de salir, pero también existe una responsabilidad vinculada a la moción de reapertura, que es una actividad judicial”, expresó.
El abogado del Departamento de Justicia, Anthony Yang, quien representa al gobierno, abrió el tema sobre la juridisccionalidad del caso, ya que la BIA solamente puede revisar los procesos de deportación, pero también que la orden de deportación final no permite una revisión judicial adicional.
“La orden, el resultado final de la orden, y lo único que estas órdenes exigen en última instancia aquí y que no permitiría una revisión judicial más adelante, es que este extranjero, este no ciudadano, es deportable y debe ser expulsado. Eso es todo, punto”, expresó.
