BOGOTÁ.— La directora del Programa de Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, Tamara Taraciuk, está segura de que el Estado mexicano será condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) a derogar la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, Claudia Sheinbaum.
En entrevista con Proceso, Tamara afirma que esa reforma viola de manera muy clara las convenciones internacionales suscritas por México.
Esto porque socava la independencia de los juzgadores y compromete el acceso de los ciudadanos a la justicia, por lo cual ella prevé que el Estado mexicano “recibirá una sentencia condenatoria” de la Corte-IDH.
Hay un antecedente contra México de la Corte-IDH
“Esa sentencia –dice– lo que haría es establecer que se derechos humanos con la adopción de esas normas y obligaría al Estado mexicano a modificar la legislación en cumplimiento de los estándares internacionales”.
“Aunque la contracara de esto es que es un proceso que tardará varios años”, explicó.
La abogada de la universidad argentina Torcuato Di Tella y maestra en Derecho por la Universidad de Columbia indica que ya existe un antecedente en el que el México fue condenado por la Corte-IDH a realizar cambios a una ley para ajustarla a los estándares interamericanos de respeto a los derechos humanos.
Eso ocurrió en el caso “Radilla Pacheco vs. México”, en el cual la Corte declaró al Estado mexicano responsable de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco por militares, ocurrida en 1974, así como por la falta de investigación y sanción a los responsables.
La sentencia obligó a México a realizar reformas legislativas para ajustar el artículo 57 del Código de Justicia Militar y el artículo 215 A del Código Penal Federal a los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual ocurrió.
Corte Interamericana iría contra reforma judicial
Taraciuk, quien ha sido consultora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch (HRW), sostiene que la reforma judicial mexicana “tiene muchos problemas en materia de derechos humanos”.
El principal es que la elección por voto popular de jueces pone en jaque la independencia de las personas juzgadores.
Esto, asegura la experta, “porque se corre el riesgo de que los jueces terminen teniendo incentivos para decidir, no conforme a derecho, sino conforme a los incentivos que generan quienes financian la campaña electoral”.
Ya sean grupos políticos, empresariales o del crimen organizado.
Y este hecho, sumado a que los candidatos a jueces los propondrá mayoritariamente Morena, al igual que los aspirantes a integrar el Tribunal de Disciplina Judicial, “pone a México en una situación muy complicada con relación a los estándares internacionales y a tratados internacionales que México firmó, ratificó y se obligó a cumplir”.
