CIUDAD DE MÉXICO .— En los últimos seis años, el gobierno de México se jactó de su cuestionada estrategia de “abrazos, no balazos”, en la que sus líderes evitaban confrontar a los cárteles de la droga que, gradualmente, tomaban el control de grandes partes del país. La idea era que los programas sociales, y no los tiroteos, acabarían poco a poco con la reserva de pistoleros de esos grupos.
Ahora, a un mes de iniciado el mandato de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, una serie de sangrientas confrontaciones sugiere que el gobierno abandona discretamente la parte de “no balazos” de la estrategia y está mucho más dispuesto a usar toda la fuerza del ejército y de la militarizada Guardia Nacional.
Pero el desafío que México afronta ahora es distinto al de la guerra contra el narco, emprendida en el país entre 2006 y 2012. Actualmente, los cárteles están más diversificados, más profundamente arraigados en el contrabando de migrantes y más dispuestos a usar reclutas extranjeros y adolescentes para llenar sus filas.
Todo esto ha generado una serie de enfrentamientos violentos en los que las fuerzas de seguridad que disparan a convoyes sospechosos de pertenecer a los cárteles terminan matando a transeúntes y migrantes y reportando cifras desproporcionadas de muertos, en las que los soldados resultan ilesos mientras que la mayoría de los sospechosos son eliminados. Claudia Sheinbaum ha evitado cuidadosamente usar el eslogan “abrazos, no balazos” popularizado por su predecesor y mentor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien dejó el cargo el 30 de septiembre. Después de todo, ella prometió continuar con todas y cada una de las políticas del exmandatario. Su oficina no respondió a una solicitud de comentarios.
Pero la presidenta mexicana ha tenido que realizar algunas piruetas verbales para no desligarse completamente de esa política.
“Pues claro que no se trata de dar abrazos a los delincuentes, nadie nunca ha dicho eso”, señaló Claudia Sheinbaum poco después de asumir el cargo. Los abrazos, dijo, estaban destinados a los jóvenes empobrecidos, para evitar que fueran reclutados como pistoleros de los grupos criminales.
“Hay indicios de un cambio de tono hacia el crimen organizado, pero es demasiado pronto para decirlo”, dijo Falko Ernst, analista de seguridad. “Parece poco probable que el gobierno de Sheinbaum se arriesgue a enfrentar una corriente constante de imágenes violentas políticamente inconvenientes apostando por una estrategia solo de balazos”, pero puede haber más disposición para afrontar “las manifestaciones más descaradas y atrevidas de poder” de los cárteles.
Sin embargo, es difícil imaginar a Claudia Sheinbaum emitiendo elogios públicos a los capos de la droga por comportarse bien, o diciendo —como lo hizo López Obrador— que “los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos” si causan demasiada violencia.
También ha sido reacia a tolerar que los criminales tomen como rehenes a policías y soldados, o a jactarse de reducciones en el “índice de letalidad” de México —la medida de sospechosos muertos, heridos o detenidos, frente a las bajas del lado de las fuerzas del orden— de la manera en que lo hizo su predecesor.
En 2019, en un hecho famoso, López Obrador ordenó la liberación del capo Ovidio Guzmán después de que su cártel de Sinaloa amenazara con sumir en el caos a la ciudad de Culiacán, para obtener su libertad.
