Donald Trump ha prometido que, de resultar reelegido presidente, deportará masivamente a aquellos que no tienen permiso para permanecer en Estados Unidos.
Mientras su campaña ha respondido de distintas formas a la pregunta de cuántos podrían terminar siendo expulsados, su compañero de fórmula, el aspirante republicano a vicepresidente J.D. Vance, dio una cifra concreta durante una entrevista con la cadena de televisión ABC.
“Empecemos con un millón de personas. Ahí fue donde Kamala Harris falló y a partir de ello podemos nosotros comenzar a trabajar”, señaló el senador por el estado de Ohio.
Pero aunque la idea ya forme parte de las propuestas de la plataforma electoral de Trump —bajo el lema “¡Deportaciones masivas, ahora!”—, los expertos advierten que expulsar del país a tantas personas implicaría una serie de desafíos legales e incluso prácticos.
Y los defensores de los migrantes también han advertido sobre el significativo costo humano de las deportaciones, con familias separadas y operativos en comunidades y lugares de trabajo a lo largo y ancho de EE.UU.
¿Cuáles son los desafíos legales?
De acuerdo a las últimas cifras del Departamento de Seguridad Nacional y del instituto de investigación Pew Research, hoy viven en el país unos 11 millones de migrantes indocumentados, un número que ha permanecido relativamente estable desde 2005.
La mayoría de ellos son residentes de larga duración: cerca de cuatro de cada cinco de los migrantes indocumentados llevan en el país al menos una década.
Los inmigrantes que están en el país sin un estatus legal tienen derecho al debido proceso, incluida una audiencia judicial antes de ser expulsados.
Así que un aumento drástico en las deportaciones pasaría probablemente por expandir antes el sistema de tribunales de inmigración, hoy saturado y con retrasos a la hora de resolver los casos.
La mayoría de los inmigrantes que se encuentran en el país no ingresaron en el sistema de deportaciones después de haber sido detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), sino por la policía local.
Sin embargo, en muchas de las principales ciudades del país se han aprobado leyes que restringen la cooperación entre la policía y el ICE.
La campaña de Trump se ha comprometido a emprender acciones contra esas urbes, llamadas “ciudades santuario”, pero el entramado de leyes locales, estatales y federales en EE.UU. complican la situación.
Kathleen Bush-Joseph, una analista del Instituto de Políticas de Migración con sede en Washington, señala que la cooperación entre agentes del ICE y las autoridades locales sería fundamental para poder llevar a cabo un programa de deportación masiva.
“Es mucho más fácil para el ICE ir a recoger a alguien a la cárcel si las autoridades locales colaboran, en vez de tener que ir a buscarlo a las calles”, señala Bush-Joseph.
Como ejemplo de cuán crucial es este aspecto, Bush-Joseph recuerda las declaraciones de principios de agosto de funcionarios de la Oficina del Alguacil de los condados de Broward y Palm Beach en Florida, cuando aseguraron que no enviarían a ninguno de sus agentes a ayudar en planes de deportaciones en masa.
“Hay muchos otros condados que no van a cooperar con el plan de deportación masiva de Trump. Y eso lo vuelve mucho más difícil”, explica.
Cualquier programa de deportación masiva también tendrá muchas implicaciones legales, especialmente por las demandas que se prevé generará entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema de 2022 estableció que los tribunales no pueden emitir mandatos judiciales sobre las políticas de aplicación de la ley de inmigración, lo que significa que estas continuarían en vigor incluso mientras las impugnaciones se abren paso en el sistema legal.
¿Es factible desde el punto de vista logístico?
Ahora, si el gobierno de EE.UU. lograra avanzar con los pasos legales que posibiliten su plan de deportación masiva, las autoridades todavía tendrían que lidiar con los enormes desafíos logísticos.
Durante el mandato de Joe Biden, los esfuerzos de deportación se han enfocado en los migrantes detenidos en la frontera.
Los que ya estaban en el país y terminan siendo deportados o suelen contar con antecedentes penales o son considerados una “amenaza para la seguridad nacional”.
En 2021 quedaron suspendidas las controvertidas redadas que se llevaron a cabo durante el gobierno de Donald Trump en lugares de trabajo.
Y a diferencia de los detenidos en la frontera, la cifra de deportaciones de personas que fueron arrestadas dentro de EE.UU. ha ido cayendo en la última década hasta situarse por debajo de los 100,000 anuales, después de haber alcanzado su máximo —230,000— durante los primeros años del gobierno de Barack Obama.
“Para multiplicar ese número y que en un solo año se alcance el millón (de deportados) va a necesitar una inversión enorme de recursos que hoy por hoy no parecen existir”, le dice a la BBC Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas en el Concejo de Inmigración de EE.UU.
Por una parte, los expertos dudan de que los 20,000 agentes del ICE y el personal de apoyo vayan a ser suficientes para buscar y encontrar incluso una fracción de esa cantidad a la que apunta la campaña de Trump.
Además, Reichlin-Melnick señala que el proceso de deportación es largo y complicado y que la identificación y el arresto de un migrante indocumentado no es más que el inicio.
Después, los detenidos van a tener que estar en un centro de detención o en un programa alternativo, a la espera de comparecer ante un juez de inmigración, y el sistema lleva años acumulando casos sin poder cerrarlos.
Una vez superado ese paso es que se procede a la deportación, lo que también requiere de la cooperación diplomática del país recipiente.
“En cada uno de esos pasos, el ICE simplemente no tiene la capacidad de procesar a millones de personas”, señala Reichlin-Melnick.
Trump ha dicho que va a involucrar a la Guardia Nacional y otros cuerpos militares para que asistan en las deportaciones.
Históricamente, las fuerzas militares estadounidenses han tenido un papel limitado, más de apoyo, en la frontera entre México y EE.UU.
Ahora, más allá de apoyarse en los militares y de contar con la ayuda de “cuerpos policiales locales“, Trump ha dado pocas pistas sobre cómo llevaría a cabo su plan de deportación masiva.
En una entrevista con la revista Time, a principios de este año, el expresidente solo dijo que no descarta construir nuevas instalaciones de detención de migrantes y que tomaría medidas para brindar inmunidad procesal a la policía, para blindarla ante posibles demandas de grupos progresistas.
Y añadió que podría haber incentivos para los cuerpos policiales locales y estatales que participen en el plan, y que los que no lo que no lo quieran hacer “no van a participar de los beneficios”.
“Tenemos que hacerlo. No es sostenible para nuestro país”.
La BBC ha intentado contactar al equipo de Trump para obtener más detalles.
Eric Ruark, el director de investigaciones de NumbersUSA —una organización que aboga por controles más estrictos a la inmigración— dijo que cualquier programa de deportación desde el interior del país solo será efectivo si va de la mano de un aumento del personal que controla la frontera.
Esa tiene que ser la prioridad. Si no lo es, no va a haber un gran progreso en el tema. Es lo que hace que la gente siga llegando hasta la frontera”, apunta.
Y agrega que también es necesaria una ofensiva contra las empresas que contratan inmigrantes indocumentados.
“(Los inmigrantes) están viniendo por el trabajo”, subraya. “Y lo están consiguiendo, básicamente porque la capacidad de vigilar y hacer cumplir la ley ha sido desmantelada”.
El costo político y financiero
Los expertos calculan el costo de mantener un plan como el que propone Trum en unos US$100.000 millones.
El presupuesto de 2023 del ICE para el traslado y deportación fue de $327 millones de dólares, y expulsó del país a cerca de 140,000 personas.
De acuerdo al plan de Trump, miles de personas que están a la espera de sus audiencias de inmigración podrían ser detenidos. La campaña del candidato presidencial republicano ha previsto construir grandes campamentos para albergar a todos ellos.
También se tendrían que multiplicar los vuelos para llevar a cabo las deportaciones, y eso pasaría probablemente por contar con el apoyo de la Fuerza Aérea.
Y lo que está claro es que cualquier aumento en la operatividad de los departamentos correspondientes implica que los costos se disparen.
“Incluso un cambio menor supone decenas de millones de dólares”, explica Reichlin-Melnick.
Además, habrían de sumarse a los gastos de otros esfuerzos de control fronterizo que Trump ha prometido: los de seguir construyendo el muro en la frontera con México, los que implica un bloque naval para evitar que el fentanilo ingrese al país y los generados por el traslado de miles de tropas a la frontera.
Adam Isacson, experto en migración y fronteras de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), dijo que “imágenes espantosas de deportaciones masivas” también podrían tener un costo político para Trump, a nivel de relaciones públicas, si volviera al poder.
“Cada comunidad de Estados Unidos vería a personas que conoce y ama siendo subidas a esos autobuses”, explica.
“Habría imágenes muy dolorosas de niños llorando, de familias, en la televisión. Todo eso es muy mala prensa. Es lo que ya vimos con la política de separación familiar, pero amplificado”, remata.
¿Ha habido deportaciones masivas antes?
En los cuatro años en los que Trump ocupó la Casa Blanca, se deportaron alrededor de 1.5 millones de personas, tanto desde la frontera como del interior del país.
La administración Biden, que había deportado a alrededor de 1.1 millón de personas hasta febrero de 2024, está en camino de igualar esa cifra, según muestran las estadísticas.
Durante los dos mandatos de Obama, cuando Biden era vicepresidente, más de tres millones de personas fueron deportadas, lo que llevó a algunos defensores de la reforma migratoria a apodar “el deportador en jefe” al entonces presidente.
Pero el único programa comparable con el que propone Trump sería quizá el que se llevó a cabo en 1954 en el marco de la llamada “Operación espaldas mojadas” (Operation Wetback), bautizada así por un insulto común que se usaba en aquel entonces contra los mexicanos, y que supuso la deportación de 1.3 millones de personas.
Aunque hay historiadores que ponen en duda la cifra.
El plan, aprobado bajo la presidencia de Dwight Eisenhower, se topó con una considerable oposición pública —en parte porque también se deportaba a algunos ciudadanos estadounidenses—, así como con la falta de financiación.
En 1955 se suspendió.
Los expertos en inmigración dicen que, el hecho de que se centró en personas originarias de México y la falta del debido proceso hacen que aquella operación no se pueda comparar con un programa de deportación masiva actual.
“Los deportados eran hombres solteros, mexicanos”, señala Bush-Joseph.
“Ahora, la gran mayoría de los que cruzan la frontera por zonas entre puertos de entrada no son originarias de México, ni siquiera de la parte norte de Centroamérica. Y eso hace que sea mucho más difícil deportarlos”, añade.
“Son situaciones incomparables”.
Información de BBC News Mundo
