Una nueva regla ordena pruebas más rigurosas del agua potable y empuja reemplazar las tuberías en todo Estados Unidos, a fin de evitar el consumo de plomo.
La nueva versión de la Norma sobre el Plomo y el Cobre (LCRI, por sus siglas en inglés) también mejora la comunicación dentro de las comunidades, a fin de informar a las familias sobre el consumo de agua potencialmente contaminada con plomo.
Bajo la Ley Bipartidista de Infraestructura impulsada por el presidente Joe Biden, la norma final busca cambiar las tuberías con plomo en un máximo de 10 años.
El administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) anunció en conferencia de prensa virtual que el nuevo programa de la Administración Biden incluye $2,600 millones de dólares en nuevos fondos que permitirán a las ciudades y los estados a financiar mejoras de infraestructura.
“Nunca ha habido más fondos federales disponibles para eliminar las tuberías de plomo”, dijo a periodistas Michael S. Regan, titular de EPA. “Permítanme agregar que invertir en nuestra infraestructura hídrica no es sólo una inversión en salud pública, es una inversión en la economía local. Por cada $1,000 mil millones de dólares invertidos en infraestructura hídrica, creamos aproximadamente 15,500 empleos”.
Es decir, se estima que más de 30,000 empleos sean creados durante el tiempo que se destinen las inversiones para el reemplazo de tubería.
“El presidente Biden finalmente está poniendo fin a esta crisis generacional de salud pública”, insistió Regan. “Este es un asunto de salud pública, un asunto de justicia ambiental, un asunto de derechos humanos básicos y, finalmente, se está atendiendo con la urgencia que exige”.
Enfoque en comunidades más desfavorecidas
Según un documento distribuido por la Casa Blanca, el 49% de los fondos para el nuevo programa de tuberías se debe proporcionar a las comunidades desfavorecidas, como subvenciones o condonación del capital que no se debe reembolsar.
Se estima que hasta nueve millones de hogares reciben servicio a través de tuberías que contienen plomo en todo el país, muchas de las cuales se encuentran en comunidades de bajos ingresos y comunidades de color, incluidas las latinas.
Esa política de distribución de recursos públicos forma parte del programa Justicia40 de la Administración Biden, a fin de asegurar fondos a comunidades más desfavorecidas.
“La EPA también anuncia la disponibilidad de $35 millones de dólares en subvenciones competitivas para reducir el plomo en el agua potable”, se adelantó. “Se invita a las comunidades a solicitar directamente subvenciones a través de este programa. Hay fondos federales adicionales disponibles para apoyar proyectos de reemplazo de tuberías de plomo y la EPA ha desarrollado un sitio web que identifica las fuentes de financiación disponibles”.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) si alguien es expuesto continuamente al consumo de plomo, los efectos a la salud pueden resultar irreversibles, además de que no existe ningún antídoto conocido para quienes se ven afectados.
“Las mejoras en la normativa sobre plomo y cobre refuerzan los requisitos a nivel nacional para proteger a los niños y adultos de estos efectos significativos e irreversibles para la salud que provoca el plomo en el agua potable”, se indicó.
