SAN DIEGO — El expresidente Donald Trump ha prometido desde hace tiempo deportar a millones de personas, pero ahora aporta más detalles en su actual intento por llegar a la Casa Blanca: invocar poderes de tiempos de guerra, apoyarse en gobernadores con ideas afines y utilizar a las fuerzas armadas.
Estados Unidos vive una crisis migratoria sin precedentes agudizada durante la administración de los demócratas Joe Biden y Kamala Harris. La Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), registra 10,680,891 cruces ilegales de migrantes. Pero 1,8 millones de personas lograron evadir a las autoridades e ingresar a Estados Unidos.
Trump y Stephen Miller —su principal arquitecto en política de inmigración— han ofrecido pistas en entrevistas y mítines respecto a adoptar un enfoque diferente si los votantes vuelven a darles el poder en noviembre en un tema que preocupa a los estadounidenses, afecta la frontera y las ciudades, y la seguridad nacional.
Deportación a criminales y traficantes
“Lo que Trump parece estar contemplando es potencialmente legal”, dijo Joseph Nunn, abogado del Brennan Center for Justice (Centro Brennan para la Justicia) en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. “Puede que no haya muchas barreras legales. En términos logísticos va a ser extraordinariamente complicado y difícil. A los militares no les va a gustar hacer eso y van a moverse tan lentamente como puedan. Pero es posible, por lo que debe tomarse en serio”.
Cuando se preguntó a la campaña de Trump cómo se llevaría a cabo su promesa, respondió que Trump iniciaría el mayor programa de deportaciones en la historia de Estados Unidos, sin dar más detalles. Karoline Leavitt, una portavoz, explicó que Trump “reuniría todo el poder federal y estatal necesario para instituir la mayor operación de deportación de criminales, traficantes de drogas y traficantes de personas ilegales (en el país)”.
¿Cómo superaría Trump los inevitables desafíos legales?
Trump ha dicho que invocaría la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de 1798 que permite al presidente deportar a cualquier no ciudadano de un país con el que Estados Unidos esté en guerra.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha propuesto la teoría de que la inmigración ilegal equivale a una invasión para justificar medidas de aplicación de la ley estatales,—hasta ahora sin éxito, pero los expertos legales refieren que los jueces pueden ser reacios a cuestionar lo que un presidente considera como agresión extranjera.
De acuerdo con las cifras de la CBP, Biden ha duplicado en tres años y medio la inmigración indocumentada a Estados Unidos, que antes de llegar a la Casa Blanca en 2021, se estimaba en 11 de millones de personas que por años han estado viviendo bajo las sombras, de acuerdo con organismos proinmigrantes que luchan por una amnistía para ese bloque de inmigrantes. Pero tambièn Biden ha premiado la migración a través de vías legales a través de varios programas como el “parole humanitario” que ha beneficiado a casi un millón de personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela para una permanencia por 2 años en Estados Unidos.
La amplia autoridad de la Ley de Enemigos Extranjeros puede dar la vuelta a una ley que prohíbe a los militares hacer cumplir la ley civil.
Trump ha dicho que se centraría en desplegar a la Guardia Nacional, cuyas tropas pueden ser activadas por orden de un gobernador. Miller dice que las tropas bajo el mando de gobernadores republicanos solidarios enviarían tropas a estados cercanos que se nieguen a participar.
“La Guardia Nacional de Alabama va a arrestar a inmigrantes ilegales en Alabama, y la Guardia Nacional de Virginia, en Virginia. Y si vas a ir a un estado hostil como Maryland, bueno, allí simplemente la Guardia Nacional de Virginia haría el arresto en Maryland”, dijo Miller el año pasado en “The Charlie Kirk Show”, un programa de radio y pódcast conservador.
El ejército ha estado involucrado periféricamente en la frontera desde el gobierno del presidente George W. Bush con actividades que no se consideran de aplicación de la ley, como vigilancia, mantenimiento de vehículos e instalación de alambre de púas.
Joseph Nunn, del Centro Brennan de la Universidad de Nueva York, dijo que Trump podría tomar como referencia 2020, cuando ordenó a la Guardia Nacional dispersar las violentas protestas del promarxista movimiento Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan) cerca de la Casa Blanca.
Trump también podría tener que lidiar con los derechos otorgados bajo la ley de inmigración y los fallos judiciales que tomaron forma después de 1798, incluido el derecho a solicitar asilo que se convirtió en ley en 1980. Según un fallo de la Corte Suprema de 2001, las personas que se encuentran en el país ilegalmente no pueden ser detenidas indefinidamente si no existe una posibilidad razonable de que sus países las acepten de regreso. Países gobernados por dictaduras que reciben millones de dólares en remesas como Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros naciones son lentos en aceptar a sus ciudadanos de vuelta o se niegan a hacerlo.
¿Por qué Trump se centraría en los criminales?
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) está financiado por el Congreso para 41.500 camas de detención este año, lo que plantea interrogantes sobre dónde alojaría Trump a las personas antes de que aborden los vuelos de deportación y cuánto tiempo podría retenerlas si los países se niegan a aceptarlas de regreso. Miller lanzó la idea de “instalaciones a gran escala cerca de la frontera, muy probablemente en Texas”.
Los oficiales del ICE son minuciosamente deliberados, investigan los antecedentes de sus objetivos y priorizan a personas con condenas penales. Intentan capturar a los sospechosos fuera de sus casas porque generalmente trabajan sin órdenes judiciales y la gente no tiene por qué dejarlos entrar. Un solo arresto puede requerir horas de vigilancia e investigación.
Con información de el Diario de las Américas
