En la madrugada, antes de que saliera el sol, la candidata política Cecilia Castellano se despertó con golpes a la puerta: dos agentes de la oficina del fiscal general de Texas pedían entrar a su casa para una inspección.
“Estaba nerviosa, todavía en pijama”, contó la aspirante al distrito 80 para la legislatura estatal del estado por el partido demócrata a EFE. Los oficiales, agregó, le entregaron una orden de allanamiento y se llevaron su celular.
El mismo día, el pasado 20 de agosto, las autoridades del estado allanaron las casas de al menos cuatro activistas y políticos latinos en el estado, en lo que legisladores y líderes de los derechos civiles han calificado como una táctica de “intimidación electoral” con el objetivo de disuadir a los votantes de ascendencia hispana de participar en las elecciones generales de noviembre
El gobierno de Texas, controlado por el republicano Greg Abbott y su mano derecha, el fiscal general del mismo partido, Ken Paxton, ha intensificado en el último mes su esfuerzo por combatir el “fraude electoral”, haciendo eco de las teorías sin fundamento del expresidente Donald Trump de que miles de migrantes intentarán votar en los próximos comicios.
Las redadas fueron llevadas a cabo como parte de una investigación dirigida por la unidad de “integridad electoral” de la fiscalía, creada tras las elecciones de 2020, cuando la mayoría de los republicanos abrazaron la idea falsa de que los comicios —que dieron la victoria al actual presidente Joe Biden— fueron fraudulentos.
Junto a Castellano, las autoridades estatales decidieron inspeccionar las casas del líder de los demócratas latinos en Texas, Manuel Medina, al igual que la activista Lidia Martínez, de 87 años, y la alcaldesa de una pequeña ciudad al sur de San Antonio, Mary Ann Obregón.
“El gobernador está usando su oficina para intimidar a las personas”, señaló a EFE Gabriel Rosales, el líder en Texas de LULAC, la principal organización en defensa de los derechos de los latinos en Estados Unidos.
Varias de las personas que fueron señaladas por el estado son miembros de LULAC, señaló el activista, incluyendo Martínez, quien ha trabajado durante décadas en campañas para registrar votantes.
“El objetivo del estado no es presentar cargos, sino complicar las cosas (…) intimidar a las personas que quieren participar en política y enviarles el mensaje de que, si lo hacen, podrían meterse en problemas” con la fiscalía estatal, subrayó Rosales.
Leyes electorales modificadas tras elecciones de 2020
La fiscalía aún no ha presentado cargos formales contra ninguna de las personas cuyos hogares fueron allanados.
Sin embargo, según filtraciones al portal The Texas Tribune, Medina y Castellanos están siendo investigados por el delito de “cosecha de votos”, contemplado bajo la ley de Texas como el acto de recolectar papeletas de voto por correo de una “gran cantidad de personas”.
Tras los comicios de 2020, Texas aprobó una ley que complica el voto por correo, prohibiendo a las autoridades locales enviar formularios a los ciudadanos para que pidan este tipo de voto y también poniendo trabas a quienes quieran ayudar a otras personas a rellenar estos formularios o a depositar sus papeletas.
En este estado, solo cierto tipo de ciudadanos pueden votar por correo, incluyendo los mayores de 65 años, las personas encarceladas o las personas que estarán fuera del país el día de las elecciones.
Persecución política
Castellano, quien se enfrentará en noviembre al candidato republicano Don McLaughlin, considera que las redadas tienen un interés político. “Están yendo detrás de los latinos, en áreas donde somos la mayoría de los votantes”, dijo la aspirante política.
En esto coinciden los congresistas demócratas de Texas en Washington, que mandaron ya la semana pasada una carta al Departamento de Justicia pidiéndole abrir una investigación sobre las redadas.
“Nos preocupa que estas acciones tengan como objetivo disuadir a los ciudadanos, en especial a los latinos (…) de ejercer su derecho al voto por medio de la persecución política”, señalaron los congresistas en la misiva.
LULAC se hizo eco también de esta petición, pidiéndole tanto al Departamento de Justicia como al FBI que investigue las acciones del estado en contra de los activistas y políticos latinos.
“Esta no es la primera vez que intentan silenciarnos”, señaló Rosales a EFE, recordando la larga historia de discriminación contra los latinos en Texas. “Nuestra labor, ahora, es que se conozca la verdad”.
