La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) anunció un acuerdo de $45 millones de dólares para resolver una demanda colectiva que alegaba que la agencia había discriminado a sus empleadas embarazadas.
El acuerdo, que se espera que se concrete en septiembre, también exige que la CBP implemente reformas en sus políticas con respecto a las trabajadoras embarazadas.
Entre los testimonios en la querella, Roberta Gabaldon, demandante principal en el caso, narró que: “Anunciar mi embarazo a mis colegas y supervisores debería haber sido una ocasión feliz, pero pronto quedó claro que esa noticia no era bienvenida. Se suponía que ya no podría hacer mi trabajo de manera efectiva, solo porque estaba embarazada”.
“Fue traumático, frustrante y desmoralizante. Mis gerentes no pueden comenzar a tomar decisiones por mí solo porque estoy embarazada. Esta política nunca tuvo que ver con nuestras capacidades, sino con las opiniones obsoletas de la agencia sobre el embarazo”, continuó.
La demanda colectiva, presentada primero ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), la cual deberá aprobar los términos del acuerdo, acusaba a CBP de prácticas rutinarias a través de las cuales colocaba a oficiales y especialistas en agricultura en tareas livianas a causa de su embarazo.
Lo anterior, defienden los abogados, privaba a estas trabajadoras de la oportunidad de permanecer en sus puestos habituales, y de obtener ingresos por horas extras o turnos nocturnos, lo cual va en contra de la Ley de Discriminación por Embarazo.
De igual modo, las oficiales embarazadas en licencia debían de entregar de inmediato sus armas de fuego y luego eran obligadas a volver a calificar para portar las armas.
Las empleadas demandantes alegaron también que la agencia federal, perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), trataba a las embarazadas de manera diferente a todas las demás “discapacidades a corto plazo”.
“Por lo general, a los empleados de CBP que sufrieron lesiones no relacionadas con su trabajo o enfermedad se les dio la opción de solicitar tareas livianas, mientras que a las oficiales embarazadas y especialistas agrícolas se les ordenó realizar tareas livianas temporales”, sin darles ninguna opción, detalló la firma legal.
Los demandantes afirmaron que el estatus de trabajo liviano temporal ofrece menos posibilidades de pago por horas extra y otros pagos diferenciales, reduce las posibilidades de ascensos, permite menos oportunidades de capacitación, hace que sea más difícil obtener horarios preferenciales y requiere la renuncia a su derecho a portar un arma de fuego. En algunos casos, los empleados tuvieron que volver a calificar para portar sus armas.
Como parte del acuerdo, CBP implementará una nueva política que presume que las empleadas embarazadas pueden continuar desempeñando sus puestos, identifica adaptaciones para dichas personas y exige capacitación para los gerentes sobre los derechos de las trabajadoras embarazadas, según se anunció.
