En 2022, el Congreso aprobó la Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras, la cual incluye disposiciones contra el tráfico de armas, algo que no existía en el sistema legal estadounidense.
La legislación comenzó a ser aplicada en forma escalonada en espera de los reglamentos correspondientes, pero hasta ahora ha permitido la persecución de 500 personas, algunas de las cuales son acusadas por tráfico de armas enviadas a cárteles en México.
Uno de los casos emblemáticos es el de cinco personas arrestadas en Laredo, Hebbronville y Falls City, según un reporte del Departamento de Justicia del 25 de marzo pasado.
Gerardo Rafael Pérez Jr., alias “Jerry”, de 23 años, de Laredo, supuestamente coordinó la adquisición de más de 100 armas de fuego en todo Texas para ser contrabandeadas a través de la frontera y entregadas a un cartel en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México.
“La organización de Pérez supuestamente utilizó compradores testaferros, incluidos los coacusados Francisco Alejandro Benavides, alias ‘Frankie’, de 23 años, y Mark Anthony Treviño Jr., de 24, para adquirir las armas de fuego”, indica la acusación. “La organización adquiriría armas de comerciantes de armas de fuego sin licencia, o de titulares de licencias federales de armas de fuego, donde los compradores testaferros harían representaciones falsas para asegurar las armas”.
Eso les permitió adquirir equipo de alto poder, como rifles FNH SCAR, rifles Barrett calibre .50, rifles FNH M294S y rifles M1919, por lo que fueron acusado por conspiración para traficar armas de fuego, que conlleva una pena de hasta 15 años de prisión, además de un cargo de conspiración para comprar armas de fuego con una pena máxima de 25 años de prisión.
Un reclamo de México en la lucha contra los cárteles es el tráfico de armas que se permite desde EE.UU., ya que alrededor del 80% de armas son enviadas ilegalmente, según una demanda que interpuso el gobierno mexicano contra productoras.
Un cambio esencial en la legislación
La ley de comunidades seguras permite ahora perseguir el tráfico ilícito de armas y la compra armas de fuego a través de testaferros.
“Los delincuentes dependen de traficantes ilegales de armas y compradores testaferros para obtener las armas que utilizan para dañar a nuestras comunidades”, dijo el fiscal general Merrick B. Garland. “El Departamento de Justicia está utilizando las nuevas herramientas que nos brinda la Ley Bipartidista de Comunidades Seguras para responsabilizar a quienes alimentan la violencia armada”.
El reporte del Departamento de Justicia destaca el caso mencionado en Texas, pero también otro sobre una sentencia de tres años en Nuevo México por venta ilegal de armas de fuego, incluidas ametralladoras, y posesión y transferencia ilegal de ametralladoras, así como una sentencia de 10 años en Pensilvania por posesión, fabricación y tráfico ilegal de armas fantasma vendidas como parte de “kits de ataque”.
La ley es ejemplo de los pocos acuerdos bipartidistas en los últimos cuatro años, promulgada en forma inmediata por el presidente Joe Biden, luego de tiroteos en la escuela primaria Robb, en Texas, así como en Nueva York y California.
“Como la primera legislación importante sobre seguridad de armas de fuego en décadas, la BSCA proporcionó nuevas y poderosas herramientas para procesar a los traficantes de armas de fuego y abordar la violencia armada”, destacó el Departamento de Justicia.
