El Departamento de Justicia anunció el viernes que está realizando esfuerzos adicionales para desmantelar las operaciones de tráfico de inmigrantes indocumentados y reforzar los procesos contra quienes violan las leyes de inmigración.
La agencia federal indicó en un comunicado que desde 2020 ha habido un incremento de más del 25% en el número de individuos acusados por contrabando humano, ante lo cual destacó que está realizando “la reconfiguración de recursos, con incentivos financieros y una propuesta para aumentar las penalidades por los crímenes de tráfico humano”.
Según el gobierno del presidente Biden, desde junio de 2021 se han realizado más de 300 arrestos, que incluyen a los cabecillas, organizadores y “facilitadores significativos” en el contrabando humano, lo cual ha llevado a más de 240 condenas de enjuiciados.
Más de 170 enjuiciados han recibido sentencias, algunas de más de 30 años de prisión, y las autoridades han hecho incautaciones “sustanciales de activos y contrabando, incluidos millones de dólares en efectivo, bienes raíces, vehículos, armas, municiones y drogas”.
El gobierno de Biden ha propuesto un incremento de las penalidades sobre la base del número de personas traficadas por el acusado y sanciones mayores cuando la conducta del acusado resulta en la muerte de una o más personas.
El Departamento de Justicia destacó además el tercer aniversario de la creación de una fuerza de tares dedicada a desmantelar esas operaciones delictivas en Guatemala, Honduras, El Salvador y México.
Recompensas por líderes de “coyotes”
El Departamento de Justicia y el Departamento de Estado están lanzando una Iniciativa de Recompensas contra el Contrabando (ASR, por sus siglas en inglés) diseñada para desmantelar el liderazgo de las organizaciones de tráfico de personas que llevan a migrantes a través de Centroamérica y la frontera sur de Estados Unidos.
La Iniciativa ASR utilizará la autoridad legal existente, a través del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado, para ofrecer recompensas financieras por información que conduzca a la identificación, ubicación, arresto o condena de los principales responsables de importantes actividades de tráfico de personas en la región.
Defensores estiman que los inmigrantes sufrirán con estas medidas
Grupos que abogan por los inmigrantes afirmaron que la intensificación de las penas por crímenes y las tácticas de disuasión resultarán en más sufrimiento para los migrantes.
“Cualquier medida del gobierno de Biden para castigar a los padres y madres, los niños y las personas que buscan protección en nuestras fronteras es una repetición de errores del pasado”, señaló en un comunicado Marisa Limón Garza, directora ejecutiva del Centro Las Américas de Abogacía de Inmigrantes.
“El gobierno debería apoyar a los inmigrantes que sobreviven el tráfico, el crimen y el abuso ampliando el acceso a la migración legal”, añadió.
Gloria Amesquita, asistente legal de la misma organización, sostuvo que “irónicamente el enfoque del gobierno de Estados Unidos en la represión ha hecho que el tráfico de humanos sea más lucrativo, atrayendo a las organizaciones criminales que ahora el Departamento de Justicia busca desmantelar”.
“Para combatir eficazmente el tráfico de personas necesitamos pasar de la represión a la creación de un sistema de inmigración moderno y accesible”, agregó.
