Un tribunal federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente la implementación de una polémica ley en Florida que castiga el transporte de migrantes hasta que resuelva la demanda de grupos civiles que la consideran inconstitucional.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Florida, una de las demandantes, informó del fallo y precisó que el tribunal bloqueó específicamente la sección 10 de la ley SB-1718.
La demanda, presentada a nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (FWAF) y de varias personas afectadas, critica que esta sección ha puesto a miles de floridanos y residentes de otros estados en riesgo de ser arrestados, acusados y procesados por un delito grave por transportar migrantes.
Detalla que estos castigos incluyen actos como llevar a un miembro de la familia a una cita con el médico o a unas vacaciones familiares.
La ley, impulsada por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, requiere además que los hospitales incluyan preguntas sobre el estatus migratorio del paciente.
La abogada de ACLU Amien Kacou dijo que la de hoy es una victoria contra la “avalancha de leyes y políticas antimigrantes” en Florida, que perjudican a todos.
“Esta orden reconoce el daño irreparable que la SB-1718 está causando a los migrantes, las familias y sus comunidades al usurpar inconstitucionalmente los poderes del gobierno federal para someterlos a castigos penales crueles sin previo aviso justo”, indicó.
Evelyn Wiese, abogada litigante de Americans for Immigrant Justice, dijo que el tribunal reconoció el daño que causa la medida.
Aplaudió que por ahora no puede usarse esta ley “para criminalizar a nuestros clientes o a la comunidad en general por transportar a familiares, amigos o compañeros de trabajo”.
Para Emma Winger, subdirectora jurídica del Consejo Estadounidense de Migración, este fallo significa libertad frente al miedo y mayor seguridad para las comunidades minoritarias en Florida.
“A medida que los estados de todo el país aprueban cada vez más leyes injustas e inconstitucionales que afectan a las personas debido a su estatus migratorio, es fundamental que nuestros tribunales establezcan un precedente para proteger a estas familias en riesgo”, dijo.
“Esta ley es inconstitucional y pone a nuestros demandantes, a los miembros del FWAF y a la comunidad inmigrante en riesgo de arresto, procesamiento, detención obligatoria y separación familiar”, indicó Anne Janet Hernández, abogada del Southern Poverty Law Center, otro de los demandantes.
