Phoenix.- La gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, ha vetado un proyecto de ley que habría tipificado como delito la entrada de extranjeros al estado desde México por cualquier punto que no fuera un puerto de entrada.
La legislatura, de mayoría republicana, aprobó la medida a finales del mes pasado. Arizona se ha posicionado como una zona popular para cruces ilegales de la frontera, y el proyecto de ley habría permitido a las agencias de policía locales detener a ciudadanos no estadounidenses que entraran al estado desde cualquier lugar que no fuera un punto de entrada legal. Una infracción sería un delito menor de primer nivel, o un delito grave de bajo nivel en caso de reincidencia.
En una carta dirigida al presidente del Senado de Arizona, Warren Petersen, Hobbs dijo que la medida planteaba problemáticas constitucionales y que habría llevado a costosos litigios.
“Este proyecto de ley no protege nuestra frontera, será dañino para las comunidades y las empresas de nuestro estado, y oneroso para el personal encargado de hacer cumplir la ley y para el sistema judicial del estado”, escribió Hobbs.
La medida se adoptó en un contexto en el que los republicanos de varios estados —en particular de Texas— pregonan políticas de inmigración estrictas en vísperas de las elecciones presidenciales de este año.
La promotora del proyecto de ley, la senadora republicana Janae Shamp, dijo en un comunicado que el veto “es un claro ejemplo del caos que Hobbs está desatando en nuestro estado a la vez que perpetúa esta crisis de fronteras abiertas como cómplice de Biden”.
La ley federal ya prohíbe la entrada no autorizada de migrantes en Estados Unidos. Sin embargo, los republicanos de Arizona y Texas dicen que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente y que necesitan facultades estatales más amplias.
No es la primera vez que los legisladores republicanos de Arizona intentan criminalizar a los migrantes que no están autorizados a estar en el país.
Cuando la legislatura de Arizona aprobó su histórica ley migratoria en 2010, consideró ampliar la ley estatal de invasión de propiedad privada para penalizar la presencia de migrantes e impuso sanciones penales.
Pero la sección sobre invasión de propiedad privada fue borrada y reemplazada por el requisito de que los policías, al aplicar otras leyes, interrogaran a las personas sobre su situación migratoria si se creía que se encontraban ilegalmente en el país.
La Corte Suprema federal ratificó en última instancia el requerimiento de que los policías preguntaran el estatus migratorio, a pesar de las preocupaciones de encasillamiento racial que plantearon los críticos; sin embargo, los tribunales prohibieron la aplicación de otras secciones de la ley.
La ley desató un furor nacional en el que sus simpatizantes pedían medidas similares para sus estados y los detractores exigían un boicot económico para Arizona.
Varias otras leyes de inmigración de Arizona han sido desestimadas por los tribunales en el transcurso de los años.
Otra propuesta en la legislatura este año evitaría cualquier posible veto de Hobbs al enviar la medida directamente a los votantes para que decidan como iniciativa electoral.
La propuesta exigiría a los municipios y condados que reciben dinero estatal para programas de asistencia social que utilicen una base de datos federal de verificación de empleo para corroborar si los beneficiarios se encuentran legalmente en Estados Unidos y, en caso afirmativo, se les retiraría del programa.
También tipificaría como delito menor el hecho de que los empresarios, que ya están obligados por una ley anterior de Arizona a utilizar la base de datos al contratar a nuevos empleados, se nieguen a cumplir su obligación legal de utilizar la base de datos cuando sepan que un empleado no se encuentra legalmente en el país.
La propuesta ya ha sido aprobada por la Cámara de Representantes. El Senado de Arizona aún no ha tomado ninguna medida al respecto.
