Estados Unidos restringió visas a más de 100 funcionarios municipales nicaragüenses por “su papel” en el gobierno del mandatario Daniel Ortega, informó el viernes el Departamento de Estado.
Washington considera fraudulenta la reelección de Ortega en 2021 y le reprocha una ola de detenciones e “implacables ataques (…) a los derechos humanos y las libertades fundamentales de los nicaragüenses”, señaló el vocero oficial Matthew Miller.
Además, el gobierno de Ortega y de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo ha cerrado más de 3,500 ONG y últimamente ha intensificado la persecución contra la Iglesia católica.
En un comunicado, el Departamento de Estado informó que ha impuesto “restricciones de visa a más de 100 funcionarios municipales nicaragüenses por su papel en el gobierno de Ortega-Murillo”.
El gobierno de Joe Biden acusa a Managua de seguir “participando en una campaña represiva que silencia a la sociedad civil y detiene injustamente a personas valientes por ejercer sus libertades fundamentales”, añadió el informe.
Nicaragua se halla bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios puestos en entredicho por la comunidad internacional.
En el comunicado, Estados Unidos promete seguir trabajando a nivel internacional para que “quienes amenazan la democracia” en el país centroamericano rindan cuentas.
Reportan 121 presos políticos
En tanto la ONG Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas denunció este viernes que al menos 121 opositores y críticos del gobierno de Ortega se encuentran en las cárceles de Nicaragua.
De las 121 personas reconocidas como presas políticas a la fecha, 19 son mujeres y 102 hombres (incluyendo diez detenidos previo a la crisis de 2018), precisó en un informe ese mecanismo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre el 1 y 31 de enero 2024 (período que abarca el informe) se registraron seis detenciones arbitrarias por posibles motivaciones de persecución política, así como el destierro de 17 religiosos que conformaban la lista de prisioneros políticos -entre ellos el obispo Rolando Álvarez, quien había sido condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados traición a la patria-, indicó.
Asimismo, aumentó a 22 la cifra de personas adultas mayores que se encuentran privadas de libertad y en condiciones inhumanas, sin que se les respeten sus derechos humanos, advirtió el Mecanismo, formado por ONG de derechos humanos, de familiares de presas y excarcelados políticos, y abogados defensores.
