Raquel Duarte Cedillo, Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, giró una nueva orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada contra los ocho militares que están bajo proceso por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinpa.
El abogado defensor de los soldados, Alejandro Robledo Carretero, confirmó que los soldados ya se habían entregado para hacer frente a la acusación.
Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lasos y Juan Sotelo Díaz ya habían sido señalados por desaparición forzada.
Apenas el 21 de enero pasado, otra juzgadora les había otorgado libertad condicional a los ocho soldados.
La jueza les ordenó que se presentaran a firmar los días 1 y 16 de cada mes ante la Unidad de Medidas Cautelares. De igual manera, los elementos no podrán salir del país ni acercarse a Guerrero, así como convivir o comunicarse con víctimas o testigos.
Es importante resaltar que esta decisión la tomó la jueza al señalar que las pruebas que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) no eran suficientes para mantener la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
También hay que destacar que la fiscalía no impugnó una resolución judicial que culminó en la liberación de los ocho militares, según apuntó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Los militares han sido señalados de tener presuntos vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos, al cual se les acusa de ser el presunto responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Segob reclama injerencia del Poder Judicial en caso Ayotzinapa
Apenas el pasado 23 de enero, la Secretaría de Gobernación reclamó al Poder Judicial la decisión de jueces y magistrados de liberar a los ocho militares involucrados en el caso de los normalistas desaparecidos.
“No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación en el caso Ayotzinapa (…) dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el proceso”, acusó el Gobierno de México en un comunicado.
Dijo que el Poder Judicial ha liberado a 62 implicados en los hechos, argumentando que habían sido torturados; sin embargo, no han actuado en contra de torturadores, como es el caso de Tomás Zerón de Lucio, quien sigue prófugo en Israel
