Racine, en el estado Wisconsin, es mejor conocida por sus fábricas, su agricultura y una extravagante celebración de graduación televisada. Pero en 2018, la expansión suburbana de Racine en el borde del lago Míchigan se convirtió en una fuente de armas de alto calibre para uno de los principales grupos del crimen organizado de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), alegan investigadores federales de tráfico de armas de Estados Unidos.
El cártel aprovechó las permisivas reglas de control de armamento a nivel federal y estatal para comprar algunas de las armas más poderosas disponibles para los civiles estadounidenses, según dos exagentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos y otras dos fuentes, todos con conocimiento de la investigación.
Miembros de una familia local, que trabajaban con un primo en México, reclutaron a amigos y parientes que compraron armas a su nombre en Racine y las transportaron a California y al sur a través de la frontera, según una acusación del Tribunal del Distrito Este de Wisconsin revelada en febrero.
Entre sus clientes se encontraba un escuadrón de sicarios que dependía del líder del CJNG, Nemesio Oseguera, conocido como “El Mencho”, según Chris Demlein, uno de los exagentes de la ATF.
El caso Racine desbloqueó “la red de tráfico de armas de fuego del CJNG más prolífica jamás descubierta”, dijo Demlein, quien hasta 2021 se desempeñó como agente especial de la ATF y supervisó un proyecto de tráfico de armas de varias agencias que coordinó docenas de investigaciones.
Los traficantes en Racine y las células conectadas en otros dos lugares compraron más de 600 mil dólares en armas de fuego de estilo militar de alta gama en menos de un año, alegan documentos internos de la ATF revisados por Reuters. Parecía una compra compulsiva sin precedentes, dijo Tim Sloan, el otro exinvestigador de la ATF. Sloan fue el primero en rastrear un arma del CJNG hasta Racine.
Este relato de la red de tráfico de armas del CJNG se basa en una revisión de documentos policiales estadounidenses y mexicanos y en entrevistas con dos personas que presuntamente habían adquirido armas para el cártel, así como con ocho funcionarios actuales y anteriores de Estados Unidos y México.
Racine fue sólo la punta del iceberg. La ciudad era una parte clave de una red de armas de fuego del CJNG que compró cientos de armas de más de una docena de estados estadounidenses, especializándose en rifles semiautomáticos calibre .50 y fusiles de asalto FN Scar, diseñados para las fuerzas especiales de Estados Unidos, alegan informes internos de la ATF obtenidos por Reuters.
La ATF denominó el caso de Wisconsin “Grin y Barrett”, en honor a Barrett, un fabricante de armas con sede en Tennessee cuyas poderosas armas de fuego calibre .50 se encontraban entre las traficadas por la red. Barrett, que ahora es una unidad del Grupo NIOA de Australia, no respondió a solicitudes detalladas de comentarios para este reportaje.
Al comentar sobre los hallazgos de esta historia, Alejandro Celorio, asesor legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, dijo que aquellos involucrados en el negocio de armas de fuego de Estados Unidos deberían tener más cuidado para “evitar que sus productos caigan en las manos equivocadas”.
La Oficina del alcalde de Racine no respondió a una solicitud de comentarios. Reuters no pudo contactar a representantes del CJNG ni de Oseguera.
El mexicano Jesús Cisneros supervisaba gran parte de la red, según presentaciones internas de la ATF que citaban sus comunicaciones interceptadas con otros sospechosos sobre el traslado de calibres .50 y otras armas de fuego a México. La acusación de Wisconsin señaló a Cisneros y a un cómplice local, Víctor Cobian, de múltiples cargos relacionados con el tráfico de armas.
Un portavoz de la fiscalía del Distrito Este de Wisconsin dijo que sólo podían comentar sobre los registros judiciales públicos y agregó que estos sugerían que Cisneros era “el actor principal” en la conspiración de Wisconsin.
Se cree que Cisneros reside en México, dijo una de las fuentes con conocimiento de la investigación. La fuente solicitó el anonimato para hablar libremente.
Cobian dijo a Reuters en una entrevista que Cisneros era su primo y vivía en Jalisco. Cobian, quien se declaró inocente de los cargos de tráfico de armas, negó estar involucrado o tener conocimiento del presunto plan de tráfico. Reuters no pudo localizar ni contactar a Cisneros o sus representantes.
Las agencias mexicanas responsables del cumplimiento de la ley no respondieron a las preguntas sobre Cisneros, pero reconocieron que las autoridades mexicanas congelan automáticamente las cuentas de personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Cisneros fue sancionado por el Tesoro estadounidense en febrero.
La acusación formal señaló a Cisneros, Cobian y otros seis cómplices de delitos graves que van desde declaraciones falsas hasta tráfico y contrabando de armas sin licencia. Entre los presuntos cómplices se encontraban la hermana de Cobian y su prometido, quienes también se declararon inocentes. Se fijó un juicio con jurado para el 6 de mayo de 2024, según muestran los documentos judiciales.
Es posible que la existencia de la red Cisneros más amplia y el papel de Wisconsin en ella nunca hubieran salido a la luz si no hubiera sido por un solo rifle Barrett calibre .50 recogido por la policía en una redada de 2018 en la segunda ciudad más grande de México, Guadalajara, la capital del estado Jalisco.
Con un peso de 13.6 kilos, los ejércitos de todo el mundo utilizan los Barrett M82 con balas calibre .50 por su capacidad para atravesar vehículos blindados a más de 1.6 kilómetros de distancia. Se encuentran entre las armas más poderosas que los civiles pueden comprar en Estados Unidos a través de distribuidores autorizados y se venden por alrededor de 9 mil dólares.
En México, son populares entre los grupos del crimen organizado. El CJNG utiliza calibre .50 para defender las rutas a través de las cuales, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se envían miles de toneladas de fentanilo y metanfetamina a los consumidores estadounidenses.
Los escuadrones uniformados y altamente entrenados del cártel han utilizado las armas para derribar un helicóptero de la policía, matar a 13 policías en una emboscada y en un ataque fallido contra el entonces jefe policial de Ciudad de México, dicen las autoridades mexicanas y estadounidenses.
El 10 de julio, Finnell salió del Shooters’ Sports Center con otro calibre .50. En una entrevista, Finnell confirmó haber comprado el arma. Los rifles comprados por Finnell y los hermanos Cobian fueron identificados en la acusación como recogidos en la tienda para ser traficados hacia el CJNG.
En Wisconsin, los comerciantes autorizados pueden vender legalmente varios rifles semiautomáticos de alto calibre a adultos. “No toleramos el movimiento ilegal de armas de fuego”, dijo el dueño de la tienda, Bernie Kupper, en un correo electrónico. Agregó que no era inusual que la gente recomendara la tienda a amigos y familiares.
Sólo en los últimos tres años, las autoridades mexicanas han incautado 300 calibres .50, un récord, según datos inéditos recopilados por la Fiscalía General de México y vistos por Reuters.
Una vez en México, el valor del arma en el mercado negro aumenta a entre 30 mil y 50 mil dólares, según Demlein y Sloan.
La gran mayoría de las armas ilegales en México provienen de Estados Unidos, dicen las autoridades mexicanas y estadounidenses. Un estudio de la Universidad de San Diego de 2013 estimó que un cuarto de millón de armas cruzan ilegalmente la frontera cada año.
México, un país de unos 127 millones de habitantes, tiene leyes estrictas sobre armas y solo una tienda de armas ubicada en una base militar. Por el contrario, Estados Unidos tiene casi 78 mil distribuidores de armas, más que el número combinado de franquicias de McDonald’s, Burger King, Subway y Wendy’s, según los defensores del control de armas Everytown for Gun Safety.
Después de que México lanzó su guerra contra las drogas en 2006, los homicidios se triplicaron. Casi 400 mil mexicanos han sido asesinados, cada vez más con armas de fuego. Según la Universidad Ibero de Ciudad de México, las armas de fuego fueron responsables de casi tres cuartas partes de los asesinatos el año pasado.
La administración del presidente estadounidense Joe Biden, un demócrata, introdujo el año pasado sentencias más duras por tráfico de armas. El proyecto de ley fue aprobado con la ayuda de 14 miembros republicanos, mientras que 193 miembros republicanos votaron en contra, en línea con la oposición del partido a las restricciones al derecho a portar armas.
