En la defensa de su patrimonio, la reconocida empresaria turística se acerca al final de una larga contienda contra funcionarios de la Fiscalía, notarios, abogados y gringos involucrados en su contra
Fernando Villa/ Sergio García
Fiscales, vicefiscales, ministerios públicos, notarios, abogados y hasta posibles empresas fantasmas extranjeras ha enfrentado la sonorense Catalina Ordaz de Evatt en su prolongado batallar por la justicia.
Armada de razón, tenacidad y coraje esta empresaria turística de San Carlos, Guaymas mantiene su incansable lucha contra posibles confabulaciones al margen de la ley, expresa.
Son quince años, dice, de trajinar en oficinas gubernamentales, barandillas judiciales y hasta denuncias a gritos desde la calle contra funcionarios y particulares involucrados en presuntas artimañas para despojarla de su patrimonio.
Hoy, más que nunca, parece divisar la luz que anuncia el final de un oscuro y extenso túnel.
A Catalina se le otorgó la razón con la resolución del amparo del juzgado Decimosegundo de Distrito y la revisión emitida por el III Tribunal Colegiado Penal Administrativo.
Tras padecer durante años abuso de autoridad y humillación de parte de ex Fiscal del Estado y otros funcionarios de la dependencia, Catalina Ordaz expuso al gobernador Alfonso Durazo Montaño sus pedimentos de justicia.
En cumplimiento a las sentencias de los tribunales de Distrito y Colegiados, respectivamente, la mañana del ocho de noviembre del 2022 se desplegó un amplio operativo de la la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora para restituir a Ordaz de Evatt la segunda parte, pendiente de entrega, del complejo Villas Sirenas, un proyecto condominal de lujo frente a la playa San Francisco, en la comisaría turística de San Carlos, así como otros terrenos, expone.
“De verdad, agradezco la intervención del gobernador Durazo; una vez más demuestra que en su gobierno la justicia es un tema de primer orden”, dice.
También reconoce al actual titular de la Fiscalía General del Estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, quien intervino para el cumplimiento a las instrucciones del Ejecutivo para dar seguimiento al caso en cumplimiento de la ley.
Pero no todo ha terminado. Todavía falta. Y falta también que las autoridades judiciales y de anticorrupción respondan a demandas de la empresaria.
Sigue recibiendo ataques, pero nada la amedrenta. Responde a los últimos embates de sus contrarios, soporta sus calumnias. Sigue avanzando.
Aunque poco les queda por hacer, considera que sus contrarios cada vez están más desesperados y siguen descubriendo más basura bajo la alfombra de algunas personas que dicen defender la ley.
Apenas un mes después de que las autoridades judiciales determinaron la restitución de propiedades, a la empresaria hotelera le encauzaron una demanda, ahora penal, por un supuesto despojo.
Catalina Ordaz señaló que la agente del ministerio público Lirio Azul Mendoza dio curso a esa querella interpuesta por la Asociación de Condóminos Pelícano Beach A.C., sin las debidas pruebas de sustento,supuestas pruebas que se presentaron hasta once días después.
La querella, abunda, fue admitida de forma inmediata y para el 15 diciembre, el mismo día que salen de vacaciones, ya tenía armada gran parte de la averiguación y solicitó una orden de restricción, bajo el absurdo supuesto de que Catalina podría hacerles daño.
El caso de la Asociación Pelícano Beach es muy peculiar, explica, pues luego de haber perdido un amparo contra la restitución de los bienes a favor de Catalina, interpuso la demanda en contradicción con la referida resolución judicial, comenta.
“Demasiado raro que en los entramados ministeriales se admitan ese tipo de denuncias al vapor, sin fundamento legal ni personalidad jurídica. No creo sea ingenuidad; al contrario, parece exceso de malicia”, cuestiona.
Subraya que esa Asociación está impedida constitucionalmente para adquirir inmuebles en zona prohibida o restringida al estar compuesta por extranjeros, en la que funge como tesorero Ronald Lee Halverson, con presencia de residente en México.
Es una Asociación que, para casos de este tipo, no representa nada ni a nadie; es un vacío legal, no existe y resulta cuestionable el trato diferenciado y sumiso que le prodigó la Agencia del Ministerio Público, dice.
Halverson se ostenta como condómino de varias unidades en condominio sin probarlo, explica Ordaz de Evatt, ya que las presuntas pruebas presentan contratos privados de supuestas adquisiciones, lo que no responde a la realidad; sin embargo, esta persona sigue usurpando varios condominios y se presenta como esposo de Karen Stewart, titular de Seaside Realty, Palmas de Karen.
El reclamo de Stewart sobre el condominio deriva de una presunta compra a su favor a través de Víctor León Flores, empleado de ella misma, quien generosamente pudo haberle vendido el inmueble a su patrona en un tercio de su valor, sostiene.
“Así están las cosas en expedientes, ésas son las aberraciones que los Ministerios Públicos les han permitido jugar. Se está entorpeciendo la justicia, tratan de alargar una disputa que hace mucho perdieron”, expone.
En consecuencia, Catalina Ordaz dice haber recurrido a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora para denunciar a funcionarios presuntamente involucrados en una maraña judicial, lo que no corresponde a sus funciones.
Las maromas de Abigail:
Creada en el estado de Chihuahua como presunta filial de una firma de idéntico nombre con sede en Arizona, Estados Unidos, la empresa Abigail Properties LLC, Abigail Properties de México S. de R.L. de C.V. también participó en un entramado en su contra, expone.
Abigail Properties, agrega, que estuvo encabezada por los estadounidenses Steve Barger y Allan Mishkin, llegó a reclamar un fideicomiso de administración (maestro) a diez años relacionado con todo el patrimonio de bienes inmuebles de la empresa Villas Sirenas, por el que nunca pagó; no obstante, con una serie de machincuepas legales Abigail llegó a recibir la posesión del hotel San Carlos Playa y los condominios, con los respectivos terrenos, para lo cual entregó poderes al hermosillense Francisco Arreola Hoyos, a Adriana Camarena y al guaymense Leopoldo Duarte Murrieta.
En ese mismo tenor, abunda, el exfuncionario y notario público Rafael Gastélum Salazar realizó el protocolo sobre espacios condominales, pero nunca solicitó el obligado permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, institución que verifica la limpieza documental de ese tipo de operaciones.
Más todavía, dice, el notario Gastélum Salazar procedió al registro de los inmuebles, en acuerdo con el registrador de Guaymas, que en el año 2007 cuando protocolizó el presunto fraude en tal fideicomiso, aun cuando ya contaban con anotaciones marginales sobre el proceso legal.
En contraposición, Catalina afirmar haber registrado en tiempo y forma la revocación de los poderes en cuanto detectó el abuso de confianza del ex socio Jon Mellen, que antes la había decepcinado a ella y a su esposo Eric B. Evatt, quienes le habían admitido en señal de amistad.
Los poderes revocados y registrados en tiempo y forma fueron utilizados en períodos de cinco y ocho meses después, en lo que se podría tipificar como operaciones sin claridad legal, llegando a empalmar una sobre otra, causando un caos litigioso, explica.
Y como película, pasan los años, se litiga incansablemente en tribunales de todos niveles, se recorren todas las instancias, organismos judiciales y ministeriales, instituciones, Secretarías de Estado, la Fiscalía General. Así día tras días, mes tras mes durante años.
“Es un caso único, hicieron un mazacote Judicial. Todo esto debería aclararse, investigarse a fondo“, señala.
Comenta que sus abogados litigaron con las jurisprudencias disponible: Trabajamos, mañana tarde y noche, más que litigar se trataba de un reto, de conocimiento de la ley, de dedicación, todo un equipo de expertos, desmenuzando, analizando, un enredo absoluto dentro del marco legal, violaciones todas.
Tanto enredaron las cosas, dice, que hasta parecía un caso paranormal: “Abogados ya vencidos en juicio fueron ingresando a la Procuraduría del Estado; uno a uno como funcionarios”, señala.
A fin de cuentas, Abigail Properties pierde el amparo y, de la nada, brota otro reclamo ahora por una revisión presentada por Scotiabank Inverlat, que también es derrotado en los terrenos de la ley.
De hecho, Abigail perdió tres amparos contra Catalina Ordaz. La empresaria comenta que luego de entrar en líos con empresarios hermosillenses en Puerto Peñasco, su “cerebro”, el estadounidense Mishkin, optó por regresar a algún lugar de su país, habiéndose declarado en bancarrota en el 2016, según certificación obtenida en la Corte y solicitado el expediente con apostilla desde Washington, D.C.
Recuerda que cuando en marzo del 2019 la Fiscalía del Estado le restituye la propiedad del hotel Playa San Carlos, surgen de nuevo sospechas desde el seno de la dependencia, ya que ese viernes por la noche el vicefiscal encargado del trámite, extrañamente se negó a entregar todo el complejo porque “era tarde” y anunció que el lunes proseguirían con la diligencia.
“¿Hubo pitazo de la autoridad ministerial?”, es fácil pensar que que sí, que se notificó indebidamente a la gente de Abigail Properties”, cuestiona.
Porque el lunes siguiente, muy temprano, apareció uno de los amparos de Abigail para impedir la restitución del resto de los inmuebles a la empresaria. Abigail también lo perdió, pero logró complicar durante tres años y medio el proceso, dice.
“Abusaron una y otra y otra vez del recurso de amparo, pero nada impedirá que se cumpla la ley”, confía la empresaria, quien, reitera, de todo ha dado cuenta a las autoridades judiciales.
Notas de Notarios
Catalina Ordaz explica otro enredijo legal:
Comenta que, a través de la estadounidense Diane Barroll, dueña de la franquicia Remax de Bienes Raíces, su compatriota Cathy Henkel realizó una operación de adquisición de derechos fiduciarios sobre una unidad en condominio; estos derechos los adquiere comprándolos de una persona moral extranjera.
Para la protocolización de los derechos fiduciarios contrataron a las notarías asociadas, la Número 37 y 13, en una de las cuales aparece al frente el notario público Alfredo Ortega López, abunda.
Agrega que para protocolizar los derechos del fideicomiso sobre inmuebles en la zona restringida, 50 kilómetros de las costas y 100 de las fronteras, Cathy Henkel le otorgó un poder notarial a su compatriota Tammi Chantel Miller para que ésta la representara y compareciera a la firma ante notario, siendo Tammi la dueña de la Agencia de Bienes Raíces “Vive”.
Así, dice, ante las mencionadas notarías comparecieron y firmaron Diane Barroll, con un poder, en representación de la persona moral extranjera como parte vendedora de los derechos fiduciarios y Tammi Miller representó a la presunta parte compradora.
En la escritura se estipula, explica, que el inmueble estaba sujeto a la resolución del amparo en revisión que, más adelante, se ejecutó con la restitución de la propiedad a Catalina Ordaz de Evatt, su legítima propietaria.
Más aún, explica, en el apéndice de la escritura No. 21,101 vol. CCCVIII, de mayo del 2021, así como de otras más, se omitió documentación que de conformidad con la ley del notariado es obligatoria, como el certificado de libertad de gravamen, avalúos, las identificaciones de los comparecientes con sus respectivas fotografías, cartas poder, apostillas y otros elementos más.
“El notario público Ortega López debe una explicación, pues dio fe sobre una operación sin el debido sustento”, señala.
Con todas esas irregularidades, está claro que la adquisición de Henkel carece de legalidad y bien podría reclamar a quien le ‘vendió’ unos derechos fiduciarios sobre una propiedad que nunca podrá ser suya, expone.
“En vez de reclamar por la vía legal contra quienes le vendieron, Cathy Henkel se ha dedicado a calumniarme, a proferir insultos en mi contra e incluso lanza veladas amenazas contra mi integridad física. Es asunto suyo, yo hago mi parte ante las autoridades judiciales”, señala.
Es comprensible, dice: si Cathy Henkel no compareció ante notario, quienes la representaron en el proceso de la escritura probablemente olvidaron informarle sobre la parte de riesgo respecto del amparo en revisión que ScotiaBank, su fiduciario, había solicitado y que no le resultó favorable.
Catalina Ordaz está harta de soportar tantos exabruptos surgidos de la ignorancia y ha encauzado algunas demandas penales por violación a su intimidad personal y lo que resulte.
“Hemos pasado por todo, pero todo hemos de vencer. Estas batallas me han hecho más fuerte. Ya falta poco, la justicia, la razón y la ley están de nuestra parte”, manifiesta.
