El fallo de la jueza Mary Rosado impedirá que Nueva York rechace los envíos de autobuses repletos de inmigrantes procedentes de Texas.
A principios de junio, Eric Adams, alcalde de Nueva York, dio a conocer que cerca de 200,000 inmigrantes han arribado a Nueva York en los últimos dos años.
Varias de estas personas cruzaron todo el país transportadas desde Texas en autobuses cuyo costo ha sido patrocinado por el gobernador republicano Greg Abbot en una estrategia orientada a presionar al gobierno para sellar la frontera sur para evitar que a través de ella sigan arribando más caravanas de inmigrantes.
Desesperado por la saturación de personas en los alberges, esto incluso después de arrendar varios hoteles para no dejar a nadie sin techo y comida, el demócrata Eric Adams, alcalde de la ciudad de Nueva York, intentó frenar el flujo de autobuses de inmigrantes a la ciudad e incluso presentó una demanda en contra de 17 empresas que llevaban acabo el desplazamiento y exigía una indemnización de $708 millones de dólares para compensar el gasto que le implicaba a la ciudad mantener a los recién llegados.
“La ciudad de Nueva York ha hecho y siempre hará su parte para gestionar esta crisis humanitaria, pero no podemos asumir solo los costos de las maniobras políticas imprudentes del estado de Texas”, señaló el demócrata afroamericano en su momento.
Sin embargo, la jueza Mary Rosado determinó que eso resulta inconstitucional, pues “viola un derecho fundamental: el derecho a viajar”. Es decir que los gobiernos locales no pueden controlar los viajes interestatales de los pasajeros únicamente en función de su situación socioeconómica.
Con la limitación de brindarles sólo 30 días de albergue para los inmigrantes solteros y 60 para familias con niños, en la actualidad, más de 65 mil personas se alojan en los espacios habitados como refugios temporales en Nueva York, pues una orden del tribunal exige que se les ofrezcan los servicios básicos para salir adelante a quienes lo demandan al llegar a la ciudad.
Sin embargo, la situación de los inmigrantes posiblemente comenzará a cambiar después del 20 de enero del próximo año una vez que Donald Trump otra vez asuma la presidencia, pues lo más probable es que se redoble la vigilancia en la frontera limítrofe con México e incluso con Canadá.
Peor aun para los inmigrantes es lo que podría surgir con la propuesta de deportación masiva que pretende implementar la nueva administración federal.
